Crece el conflicto salarial con los empleados de casinos de Mendoza

"No ha habido un reclamo al Gobierno por parte de las entidades gremiales de esos sectores, que rechazaron la propuesta, por lo tanto no están incluidos", justificó el funcionario del gabinete provincial, ayer al mediodía.

Las entidades gremiales que nuclean al personal de los regímenes que quedaron afuera de ese adicional repudiaron la decisión del Ejecutivo, y reiteraron su pedido para mantener abierta la negociación.

"Independientemente de la actitud extorsiva que han adoptado, seguimos apostando al diálogo a través de la paritaria, como ya lo hemos planteado a través de una nota en la Subsecretaría de Trabajo", expresó Martín Caín, secretario general de la Unión de Personal de Juegos Casino de Mendoza (UPJCM). El sindicato, junto a la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (otro gremio en conflicto), el 30 de diciembre de 2020 presentaron un escrito solicitando una nueva audiencia, que -según denuncian- nunca fue respondido.

El dirigente sindical indicó que la oferta fue plebiscitada "entre todos los y las afiliadas", y rechazada por el 78%. "No fue una decisión de la dirigencia del gremio, sino de los trabajadores", planteó.

Caín explicó que la situación del personal del Casino de Mendoza "es distinta a la del resto de los estatales", ya que por la composición salarial, la oferta gubernamental "sólo impacta sobre el 50% de los sueldos", entonces configura la mitad de lo que reciben los agentes de otras áreas de la administración pública.

Además, señaló que en 2020 el sector que representa sufrió un recorte salarial del 30%, a raíz de que el Ejecutivo dejó sin efecto dos ítems como consecuencia del cierre de las salas de juego.

Si bien la prioridad es retomar el diálogo, la posibilidad de un cambio de tesitura del Gobierno es muy lejana. En caso de que se publique el decreto de aumento, sin el bono anual, los dirigentes anticiparon que acudirán a la Justicia.

Caín planteó que la implementación por decreto de un aumento "que no refleje la última propuesta salarial realizada en paritarias, se encuadra en un abuso de la posición dominante del Gobierno y en una medida discriminatoria que deberemos recurrir a la Justicia, además de las acciones sindicales que definamos". "No podemos aceptar que, a través de intimidaciones, extorsiones y amedrentamientos, el Ejecutivo intente naturalizar la imposición como método para discutir salarios", sentenció.