Mikel Arana negó que exista un problema de salud vinculado al juego y estalló la polémica en España

Las salas de juego de España llevan un año cerradas y en los mejores casos funcionan al 30% de su capacidad. A su vez, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, actua como si desconociera el rol impositivo y laboral que cumple la industria. Hace un año prohibió las publicidades de las casas de apuestas y argumentaba que había más de estas "que campos de fútbol o instalaciones deportivas". Es por eso que no se entendieron las declaraciones de ayer de su director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana, cuando negó que la ludopatía fuera un problema grave para la salud de los españoles. Esta levedad con la que habló el funcionario ante la prensa generó muchísimas críticas tanto por el lado de la Asociación Española de Juego Digital (Jdigital), como por los sindicatos de trabajadores de salas de juego de Valencia y Madrid.

"La mayoría de gente que juega lo hace como una actividad de ocio y no le supone un problema de salud. Hay distintos estudios de prevalencia, el último de la Dirección General de la Ordenación del Juego (DGOJ) del 2015 y los estudios del Plan Nacional de Drogas que señalan consumos intensos, incluso ludopatías en algunos, pero no son porcentajes que puedan llegar o que en este momento supongan como tal un problema de salud pública", declaró, y agregó que "eso no quita que haya que intentar evitar que se sigan incrementando".

Es por todas las contradicciones que mostró el funcionario que Jdigital emitió un comunicado. "Consideramos que estas conclusiones, expuestas por el propio regulador, demuestran la consciente arbitrariedad y desproporcionalidad con la que el Ministerio de Consumo y el resto del Gobierno han abordado la restricción de la actividad publicitaria del sector en el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego y que, con mucha probabilidad, conllevará más perjuicios y desprotección a los ciudadanos que la que existía anteriormente", expresan en la gacetilla.

"Queremos recordar que el mercado del juego online en España es uno de los más regulados del mundo y que su legislación venía siendo un ejemplo de buenas prácticas para muchos otros países", aseguran desde Jdigital. Y añaden que "la prevalencia del juego problemático en España es inferior al 0,5% de la población de entre 15 y 64 años, que se mantiene estable desde 2015 y, además, muestra una tendencia a la baja", y demandan "una regulación equilibrada y proporcionada, que se base en datos reales como los que ha compartido el máximo responsable de la DGOJ, y que no solo se justifique por argumentos populistas o titulares mediáticos sin tener en cuenta las consecuencias que tendrá en un sector cuya actividad es completamente legal y está altamente regulada".

En nombre de la Asociación de Trabajadores del Juego de la Comunidad de Madrid (ATJUCAM), Iñaki Angulo llegó a pedir el "cese inmediato" de Garzón por "perjudicar de manera gratuita e injusta a un sector que da trabajo a 9.000 personas, sólo en la Comunidad de Madrid". También agregó que "estas declaraciones ponen de manifiesto que a algunos partidos políticos no les importa nada nuestro trabajo ni la salud de las personas, sólo quieren imponer su agenda política".

Por el lado de la Unión de Trabajadores de los Salones de Juego de Valencia (UTSAJU), su portavoz Vicente Contreras, pidió por carta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al portavoz parlamentario del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), Manolo Mata, que "pongan fin a la persecución ideológica a la que el Gobierno de España les está sometiendo", y además -agarrándose de las declaraciones de Arana- les exigió que impidan "que la agenda ideológica de la izquierda radical se lleve por delante los puestos de trabajo de un sector que no supone un problema de salud para los valencianos".

Es que las declaraciones del Director General de Ordenación del Juego fueron mucho más lejos. Llegó a decir que "a las empresas no les interesa tener a un ludópata como cliente. Al final es un gasto muy terrible el que genera. También provoca problemas desde el punto de vista social. El operador está contento con el jugador intenso que no le supone un problema de ludopatía" y que "el usuario que gasta partidas de €0,25 con la tragaperras durante horas y horas y al final acaba perdiendo €2.500 y sale en la televisión tampoco le gusta al operador. Eso ya pasa a ser un problema de Salud Pública para la persona que lo padece". Y todo esto en el marco de que descartó que los empresarios de la industria lo hayan presionado: "Me he reunido con todos. No hay operador con licencia con el cual no nos hayamos reunido. ¿Presiones? Tampoco lo crean. Ellos estaban resignados a su suerte. Sabían que teníamos una determinación muy clara. Entonces, lo único que nos decían es el desastre que les íbamos a hacer y según si eran un poco más empáticos o conocían un poco más o menos con quién estaban hablando, nos hablaban del paro que íbamos a generar por culpa de esta regulación y las familias que se iban a ir a la calle".