El director general del Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO), Alejandro Landaluce, mantuvo una entrevista con la agencia Europa Press y aseguró que la situación que la industria del juego atraviesa por la pandemia de COVID-19 y su impacto no tienen precedentes. "Necesitamos un plan de choque o, al menos, que no se pongan palos en las ruedas al desarrollo de la actividad del sector de la que dependen muchas familias. En este sentido, pedimos, en primer lugar, un trato igualitario al juego público (Loterías y la ONCE) que pese a los cierres han mantenido su actividad", reclamó.
"Ha sido un año especialmente complicado. Nos hemos enfrentado a una crisis sin precedentes y la incertidumbre ha sido la única certeza durante estos 12 meses", explicó el representante empresarial, quien también afirmó que cumpliendo los protocolos correspondientes pueden "seguir ofreciendo una actividad de ocio a los españoles, como también lo están haciendo los establecimientos de juego público, como la SELAE o la ONCE que, desde el final del estado de alarma, no han vuelto a sufrir cierres de actividad".
Además reclamó que si la Administración va a autorizar reaperturas "debe hacerlo de manera global, para los organismos públicos y los privados". "No tiene justificación que se distinga entre ambos porque la pandemia no entiende de locales gestionados por organismos públicos y privados", manifestó.
"Entendemos que, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan y con las medidas adecuadas (acceso restringido, distancias, uso de mascarillas, geles hidroalcohólicos) los salones y salas de juego deben estar abiertos para las personas que deseen relajarse y disfrutar de su ocio. Las compañías del sector nos hemos encargado de implantar medidas específicas y de acondicionar nuestros locales desde el comienzo de la pandemia", destacó Landaluce, quien relató que en el sector son "testigos de la implantación de unas medidas que discriminan claramente a la actividad de los operadores privados frente a los otros".
"Los tres meses del estado de alarma y las restricciones horarias y geográficas impuestas para paliar la segunda y tercera ola del virus han supuesto un duro golpe para el sector", consideró el entrevistado por Europa Press. "Esta situación está debilitando a las organizaciones y, sobre todo, impidiendo su recuperación económica. De hecho, muchas empresas del sector han presentado reclamaciones patrimoniales por estos daños. No tiene sentido alguno que, por un lado, la administración impida la realización de tú actividad y, por otro, la misma administración te cobre un impuesto específico por dicha actividad. No estamos hablando de los impuestos generales, que todas las empresas deben soportar, sino de un impuesto directo a la actividad del juego", agregó.
"En la situación pre-Covid, contábamos con 85.000 empleos directos, 47.178 en el juego privado y 37.869 en el juego público. Aunque aún no tenemos la cifra consolidada, estimamos que el empleo se ha visto fuertemente afectado, debido a las dificultades que tenemos que hacer frente para ejercer nuestra actividad empresarial", aclaró el representante patronal sobre la crisis laboral del rubro del azar que, además, genera 175.000 puestos de trabajo indirectos. Y adviritó que si no se ejecuta un plan de ayuda, muchos de estos "resultarán muy perjudicados".
Landaluce estimó que el derrumbe del sector está previsto en un 55%, lo que podría significar 20.400 personas nuevas en la calle. "De seguir así, si no recibimos ayudas desde las administraciones, la tendencia de destrucción de empleo continuará en los próximos meses", pronosticó.