España: entre la ayuda del Gobierno y la persecución al juego

Al mismo tiempo que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, aseguró que en el confinamiento "se ha agudizado la problemática de los juegos de azar y de apuestas", a través de un decreto nacional oficializaron una ayuda de € 11.000 millones para empresas no financieras, entre las que se encuentran las pertenecientes a esta industria. También hace unos días, el Parlamento rechazó la Proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX 'sobre la familia como lugar de prevención de la adicción de los jóvenes al juego'. Las contradicciones en España se agudizan y en el medio quedan los más de 85.000 trabajadores que subsisten en forma directa por esta actividad.

Lejanas quedaron las declaraciones del director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana, cuando aseguró que el juego no suponía un problema de salud. Al menos eso se manifestó durante la conferencia que brindó Garzón en el Nueva Economía Forum. Allí disparó duro contra la industria: "En el confinamiento, la gente estaba en sus viviendas, tenía un acceso muy agudo a los medios de comunicación televisados, y por lo tanto la publicidad de las casas de apuestas, y eso incitaba a mucha gente a jugar en este tipo de juegos que pueden llevar a problemas importantes como conocemos incluido el caso de la ludopatía". Esta fue la argumentación que esgrimió para explicar las nuevas medidas que se incorporaron al Real Decreto de Publicidad del Sector del Juego, que impiden la libre difusión del rubro.

Más allá de los problemas de salud derivados del juego no responsable, una problemática que la gran mayoría de las compañías del sector enfrenta con financiamiento para su lucha y asesoramiento profesional a quienes la padecen, las nuevas medidas ponen en riesgo los 85.000 empleos directos y los 175.000 indirectos que garantiza la industria, tal como aseguró el director general del Consejo Empresarial del Juego (CEJUEGO), Alejandro Landaluce.

El martes en el Parlamento español se desarrolló una Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones y allí se votó en contra la Proposición no de ley del Grupo Parlamentario VOX, 'sobre la familia como lugar de prevención de la adicción de los jóvenes al juego'. En esta argumentaban que "en la sociedad actual existe una creciente preocupación con respecto al juego, ya sea presencial u online, debido a que es una actividad cada vez más habitual para muchos de nuestros jóvenes, quienes incluso han normalizado las apuestas relacionadas con el juego, sin percibir los riesgos que entraña".

Los rechazos fueron abundantes. Fundamentalmente fue la diputada Elena Castillo del Grupo Popular quien encabezó las críticas a la iniciativa: "Tengo que hacer referencia al señor Garzón, porque su irresponsabilidad desde el comienzo de su mandato con declaraciones que demonizan al sector del juego y que lo sitúan como un problema de Salud Pública, sin disponer de ningún estudio que avale esta afirmación lo han llevado a que recientemente las declaraciones de su Director General Mikel Arana contradigan todo lo que lleva diciendo".

"El Juego es una actividad perfectamente legal, pero que tiene implicaciones de las que todos hemos de ser conscientes, por lo tanto tendremos que luchar contra la ludopatía, pero sin demonizar a un sector que genera puestos de trabajo", definió Castillo. La falta de razonamientos por parte de quienes quieren criminalizar al rubro, llegó a tal punto que el legislador Rafael José Vélez del Grupo Socialista, soltó una grave acusación sin argumentos: "la patronal del juego parece haber comprado sus discursos".

La conclusión a todo el debate es que la Proposición no de ley tuvo 19 votos en contra, 16 a favor y 1 abstención.

La industria de los juegos de azar jamás se desentendió de las problemáticas ligadas al juego no responsable. Y cada vez más representantes del sector creen que detrás de la persecución que sufren se esconde una mano electoral y demagógica. Las arcas públicas engordan con cada apuesta que se realiza presencial o virtualmente, y como aseguró Arana en sus declaraciones, "a las empresas no les interesa tener a un ludópata como cliente. Al final es un gasto muy terrible el que genera. También provoca problemas desde el punto de vista social. El operador está contento con el jugador intenso que no le supone un problema de ludopatía. El usuario que gasta partidas de €0,25 con la tragaperras durante horas y horas y al final acaba perdiendo € 2.500 y sale en la televisión tampoco le gusta al operador. Eso ya pasa a ser un problema de Salud Pública para la persona que lo padece".

Así de contradictorio es todo en España respecto al sector. Desde los parlamentos se lo demoniza, pero desde el Estado se lo subsidia. Al menos eso es lo que se determinó en el Real Decreto-ley 5/2021, donde se anuncian € 11.000 millones como ayuda para empresas no financieras, entre las que se incluyen las actividades de juegos de azar y apuestas. Una cifra muy cercana a las € 10.226 millones que aporta anualmente el rubro, según el informe de la consultora PwC. Un claro ejemplo de la crisis económica que se vive en la actualidad es la merma del 57% de las ganancias interanuales que difundió el grupo Codere, una empresa española que opera en todo el mundo.

Queda en evidencia que muchos representantes políticos de España acusan con una mano, pero luego apuntalan al sector con la otra. Quizás, por fuera de los discursos, quede algo de responsabilidad por los ingresos que aporta y los empleos que representa la industria del juego.