El Consejo Empresarial del Juego (CeJuego) denuncia que la Generalitat Valenciana incumple las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud elaboradas para el control de la pandemia, al mantener los establecimientos de juego (casinos, bingos, salones de juego y casas de apuestas) cerrados aun cuando la Comunidad está en el nivel de alerta 1 (el más bajo).
Esta situación, que se prolonga desde enero, pone en riesgo el futuro y la viabilidad del sector en la Comunidad Valenciana, del que dependen 7.000 puestos de trabajo directos, 30.000 empleos indirectos y 133 empresas (muchas de ellas pymes familiares). Desde el sector, se estima que las pérdidas por este cierre podrían alcanzar los 129 millones de euros.
Según se recoge en el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de la COVID-19, elaborado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud —principal órgano de control y seguimiento de la pandemia donde están representadas las 17 comunidades autónomas—, sólo se suspenderá la actividad en las zonas de los interiores de las salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas en el nivel de alerta 3 y 4. Mientras que en el nivel de alerta 1, en el que se encuentra la Comunidad Valenciana en la actualidad, se establece su apertura a un máximo del 50 % de su aforo en el interior, con una ocupación máxima de diez personas por mesa o agrupación de mesas, y garantizando la distancia entre mesas de al menos dos metros. Por su parte, en el nivel de alerta 2, recomienda la apertura de un máximo del 1/3 de su aforo en interior, una agrupación máxima de seis personas y la prohibición del consumo en barra.
La Comunidad Valenciana en su conjunto se encuentra en nivel de alerta 1 o riesgo bajo. Con datos consolidados hasta el 7 de abril, la incidencia acumulada a 14 días es de 31,64 por 100.000 habitantes. En este contexto, la Generalitat decidió el 9 de abril modificar y flexibilizar algunas medidas vigentes desde enero. Sin embargo, el gobierno autonómico no ha incluido al juego dentro de estas flexibilizaciones, a pesar de la mejora epidemiológica.
Para el sector no hay ningún dato sanitario que justifique que se restrinja el derecho de los operadores del juego y empleados a ejercer su actividad, obligando a bingos, casinos y salones de juego a permanecer cerrados totalmente sin ofrecer desde el Consell ninguna alternativa. Desde CeJuego, recuerdan además que sus establecimientos cuentan, entre otras medidas, con control y limitación de aforo, personal para garantizar las distancias de seguridad, mamparas, desinfección permanente y sistemas de ventilación para renovar el aire de los locales de manera constante.
CeJuego solicita a la Generalitat que, en cumplimiento de estas medidas, permita la apertura de los establecimientos de juego y ponga fin a una situación única de discriminación en España.