El Ayuntamiento de Barcelona aprobó hoy el nuevo Plan Especial Urbanístico que condena y estigmatiza a la industria del juego, ya que ningún establecimiento nuevo podrá abrir a menos de 800 metros de centros educativos y a 450 de bibliotecas, centros cívicos y afines. La medida no contempla cerrar los ya existentes, pero sí mientras vayan cerrando no podrán reabrirse. La alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, logró así el cometido que se propuso en 2019. Es una pésima noticia para una industria que aporta un 0,8% del PIB de España y genera más de 175 mil empleos entre directos e indirectos.
"No habrá ni una casa de apuestas más en toda la ciudad. Y, además, queremos decrecer. Cada vez que se cierre una, no abrirá otra", dispuso la teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz Cid. "Se lanza un mensaje sobre las políticas de salud al resto de ciudades de España. Somos muy conscientes de que el aumento de los trastornos por juegos de azar son un problema de salud pública que afecta a colectivos vulnerables como jóvenes, personas en riesgo de pobreza o con adicciones", explicó.
Hoy se concretó la votación de esta leonina y estigmtizante legislación que demoniza a la industria del juego, la que determina que no podrán abrirse locales del rubro dentro de los 800 metros de cualquier tipo de centro educativo, ni dentro de los 450 metros de bibliotecas, centros cívicos y de empleo.
Si bien entre quienes votaron a favor de la medida existen muchos legisladores que dicen preocuparse por un problema de salud, algunos sólo lo hacen en las vísperas electorales y nunca tienen en cuenta los aportes económicos y científicos que hacen desde la industria para identificar el juego problemático y dar herramientas para combatirlo.
"No podemos estar a favor de la criminalización de esta actividad económica", expresó una de las voces que disintió con el nuevo reglamento, Óscar Ramírez del Partido Popular, quien además argumentó: "Estamos a favor de la lucha contra los trastornos derivados del juego, pero no creemos que un plan especial urbanístico sea la forma de abordar el problema".
Es que, en la Barcelona donde actualmente existen 51 establecimientos de juego de distintos tipos, el razonamiento de Ramírez es compartido por la totalidad del sector. Lejanas y desdibujadas quedaron las declaraciones de hace unos meses del director general de Ordenación del Juego, Mikel Arana, cuando afirmó que no existía un problema de salud vinculado al juego.
Entre quienes votaron la norma, se escucharon voces que pidieron al gobierno municipal que presione al Estado Nacional para que la regulación de las apuestas en línea "sea más ambiciosa". En esta dinámica que viene Cataluña y España, no se sabe qué se puede esperar ante tal iniciativa.