España: la CNMV archivó la denuncia de los fundadores de Codere

En un comunicado, la CNMV explicó que no han encontrado indicios "de concertación ni de situaciones que generasen obligatoriedad de opa" en la denuncia previa que los Martínez Sampedro presentaron en febrero de 2019, y a la que siguieron siete escritos complementarios más, el último en octubre de 2020.

Ante esa falta de indicios, la CNMV archivó las actuaciones de manera provisional en noviembre de 2020, "lo que fue debidamente notificado a los denunciantes". Estos sostenían en aquella primera denuncia que el pacto de concentración firmado entre los fondos Silver Point, Abrams y Contrarian se hizo vulnerando la ley de opas, ya que a su juicio dicho acuerdo se hizo a espaldas del resto de accionistas y le dio el control efectivo de la compañía a Silver Point, primer accionista con un 23% del capital, sin tener que lanzar una opa por la mayoría accionarial. Además, el pacto provocó la salida del consejo de los Martínez Sampedro.

Un conflicto que estos también llevaron a la vía judicial en EE.UU., en concreto en el Estado de Connecticut, donde tiene su sede Silver Point. Allí se puso en marcha un procedimiento llamado discovery, que obliga a un sujeto residente en Estados Unidos a aportar todos los documentos e información relevantes requeridos por el tribunal en el litigio bajo investigación. Este acabó en un informe que, según los Martínez Sampedro, demostraba las supuestas maniobras urdidas entre los fondos para pactar el control de la compañía a espaldas del resto de accionistas, y que presentaron también ante la CNMV en septiembre de 2019. Sin embargo, esta lo archivó de forma provisional, como ha confirmado hoy.

Ahora, los Martínez Sampedro han iniciado otro proceso a través de un recurso contra el archivo de la investigación, argumentando que el pacto de accionistas viola el artículo 40 del Reglamento de Régimen Interior de la CNMV y de la Ley del Procedimiento Administrativo, y que existe una resolución de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés), que prohíbe de forma explícita las maniobras de accionistas y consejeros que impliquen una colusión de intereses ajenos a los del resto de accionistas, algo que, según los accionistas de Codere, se produce en este caso. Según la CNMV, este recurso se presentó en enero, aunque no se informó del mismo hasta este lunes. Los Martínez Sampedro han solicitado incluir esta cuestión en el orden del día de la junta de accionistas que se llevará a cabo el 11 de mayo.

En él reclaman que los fondos deben lanzar una opa forzosa por 900 millones de euros, o 9,58 euros por cada acción de Codere, el precio equitativo que tenían las acciones al cierre del 12 de enero de 2018, cuando se materializó el cambio en la toma de control de la compañía. Las acciones de esta se dispararon ayer un 42% hasta los 1,2 euros. Hoy sube en el entorno del 1%.