Costa Rica: desinteligencias de la JPS complica la gestión y adjudicación de las loterías

La relación entre la Junta de Protección Social y la compañía italiana GTECH parecía haberse roto en los últimos meses, e incluso la JPS contrató los servicios del bufete de abogados Facio & Cañas, para avanzar en un proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo.

“Al estar por finalizar el contrato con esa empresa, se debe realizar un proceso de finiquito especializado y complejo, el cual requiere de atención exclusiva y que no puede ser atendido con el personal de la Asesoría Jurídica, porque esta dependencia tiene a su cargo todos los procesos de índole legal y judicial de la JPS”, argumentaron.

Se trata de una contratación bajo la modalidad de entrega según demanda y, si esa contratación se concreta, no superaría los 55 millones de colones (US$ 87.300, aproximadamente), según lo dispuesto por la Gerencia General y considerando la tarifa de honorarios fijados por el Colegio de Abogados, más lo que corresponde por el IVA, explicaron desde la entidad.

Sin embargo, al acudir ante la Contraloría General de la República, se aprobó el presupuesto sin incluir autorización de 300 millones de colones para aspectos legales.

“El presupuesto extraordinario Nro.1 fue aprobado parcialmente. Este no incluía una partida para contratar servicios jurídicos.”, explicó la JPS.

Por ello, la entidad debió reconsiderar su posición inicial y ampliar el contrato por dos años con GTECH, a pesar de que la misma empresa acudió a la vía legal para detener lo que parecía inevitable. Incluso la Junta de Protección Social anunció por redes sociales la búsqueda de empresas interesadas en sustituir a GTECH, y destacaron que dos compañías al menos cumplieron los requisitos. Nunca se advirtieron públicamente las razones por las cuales las autoridades nacionales desistían de una relación que deja a la compañía unos 34 millones de dólares anuales.

Actualmente, la firma tiene 1.745 terminales fijas, 21 terminales móviles para venta de loterías electrónicas, 298 venden en tabla y 373 en un local.

“En el proceso para seleccionar personas jurídicas para ofrecer juegos en línea y apuestas deportivas participaron cinco oferentes, y dos de ellos cumplieron con los requisitos. La JPS está realizando acciones para proceder con la implementación de dichos juegos”, destacaron.

En paralelo, Doris María Chen, Auditora Interna de la JPS, pidió cuentas a las Gerencias General, Producción/Comercialización, y Administrativa por la situación de la empresa C-Movil. A pesar del vencimiento del contrato, los responsables olvidaron comunicarlo.

Según documento de la auditoría, “siendo que dicho refrendo al convenio fue otorgado por la Asesoría Jurídica en fecha 18 de mayo del 2020, a las 14:25, y que en la página https://jpsenlinea.com, se visualizó que había disponibilidad de lotería para el sorteo N° 6.583, correspondiente al martes 1 de junio del 2021 y siguientes, de lo cual se desprende que presuntamente se prorrogó el convenio con la empresa C-Móvil, al respecto esta Auditoría Interna requiere nos remita los siguientes documentos: copia del documento de la prórroga suscrita con la empresa C- Móvil, refrendada por la Asesoría Jurídica; estudios técnicos realizados por la Administración Activa que justifiquen la prórroga con la empresa C-Móvil; las mejoras efectuadas a los sistemas contables institucionales a fin de que la Junta de Protección Social cumpla con el artículo N°23 “Retención en la fuente” de la Ley N°7092 “Ley del Impuesto sobre la renta”, así como copia de las retenciones realizadas a la empresa C-Móvil durante la ejecución del convenio que inició desde junio del 2020” ordena el órgano auditor.

Esto, legalmente, deja a la empresa sin potestad legal de comercializar el sobrante de loterías pre-impresas, pero hasta el momento no se ha hecho público el estado de situación. La Auditoría dió tres días para contestar a las tres gerencias, plazo que se vence hoy, viernes.