El juez de Garantías Gustavo Castro dio a conocer su resolución de elevar a juicio oral y público a Carlos Barbato, Carlos Mario Barbato, Érica Perrone y Adrián Quinteros por el delito de enriquecimiento ilícito en distinto grado de responsabilidades.
De esta manera, en la audiencia preliminar al juicio oral y público, quedaron estipuladas las pruebas que serán tenidas en cuenta durante el debate, la calificación legal, la expectativa de pena por parte de los investigadores y la conformación del tribunal de enjuiciamiento.
Se trata de un caso investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública del Ministerio Público Fiscal del Chubut. Se sospecha que Barbato adquirió importantes propiedades, una de ellas valuada en 25 millones de pesos argentinos (US$ 261 mil) , más autos de lujo y un departamento en Puerto Madryn, sin que la adquisición de estos bienes concuerden con los ingresos de Carlos Barbato durante su paso por distintas funciones en la administración pública provincial.
En su resolución, el juez Castro fijó posición sobre dos pruebas que de manera cruzada cuestionaron los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez en carácter de acusadores, y el abogado Fabián Gabalachis en carácter de defensor de tres de los imputados. Así Gabalachis logró que no sean tenidos en cuenta como pruebas los informes realizados por un contador del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETMs) del Ministerio Público Fiscal. Y por otro lado, lo mismo ocurrió con una prueba que había realizado un contador particular en beneficio de los imputados. Castro también rechazó el planteo de vencimiento de plazos que había realizado el Omar López, el defensor de Quinteros.
La acusación contra Barbato, Carlos Mario Barbato (su padre), Érica Perrone (su esposa) y Adrián Quinteros (el chofer) es por "enriquecimiento ilícito", previsto con prisión de dos a seis años, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para el que "no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo". Por el tipo de delitos imputado, el tribunal de enjuiciamiento será unipersonal.
Barbato se desempeñó desde 2003 como funcionario público. Al ingresar al Estado, en su declaración jurada, indicó que poseía un Fiat Palio y un Ford Falcón modelo 80. Fue gerente de la Lotería del Chubut, ocupó cargo en la Coordinación de Gabinete y fue asesor en la Legislatura.
Desde 2015 hasta que renunció en 2019, estuvo en la presidencia del Instituto de Asistencia Social (IAS). "Nunca tuvo otro ingreso que no sea su sueldo proveniente de la administración pública", detalló Rodríguez.
La acusación de los fiscales detalla las compras que realizaron Barbato y su exmujer, Érica Perrone, en bienes y propiedades en los últimos años, pusieron algunas a nombre de su chofer Adrián Quinteros y su padre, Carlos Mario Barbato.
La acusación es por enriquecimiento ilícito, delito que se pena con prisión de dos a seis años, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para el que "no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo".