La senadora Esperanza Martínez afirmó ayer que no tuvo respuesta a su pedido de suspensión del contrato entre la empresa iCrop SA y la Conajzar, realizado formalmente el martes durante la sesión de la Cámara Alta.
Ante la falta de claridad del alcance y los límites del acuerdo, desde el Senado se pidió la suspensión del contrato, la intervención de la Fiscalía y el envío de reportes de Contraloría y Hacienda al respecto.
La legisladora sostuvo que las evidencias apuntan a que se trata de un montaje para una “privatización irregular, monopólica y dirigida para alzarse con millonarias ganancias”. Es que la firma iCrop es “concesionaria” de la Conajzar, pero para una concesión propiamente debe haber una ley, en tanto que en este caso solo hubo una resolución, según las explicaciones.
En esa misma sesión del Senado incluso se habló de un posible lavado de dinero, en el que el “modus operandi” sería reportar una mayor cantidad de máquinas “tragamonedas” de las que realmente existen en el país, para “limpiar” el origen de billetes obtenidos de actividades ilegales.
Sobre el pedido de suspensión, Omar Mongelós, miembro de Conajzar, indicó al diario ABC de Paraguay que eso no se discutió en el seno del comité, como tampoco los cuestionamientos sobre la operación.
Este documento ni siquiera ha sido dado a conocer a la opinión pública, para conocer los detalles del acuerdo con la empresa de la que poco y nada se sabe, y que nace en el año 2018, poco antes de la firma de contrato con Conajzar.
El diario ABC intentó investigar el tema, y detectó la falta de información relacionada a las operaciones de iCrop. Primero, intentó llegar a la oficina de la citada compañía, cuyo gerente general es Ariel Peña, pero ello no fue posible. Los registros oficiales señalan que la supuesta sede de la “empresa” se ubica en la Supercarretera N° 9038 de Hernandarias (Alto Paraná), pero los corresponsales del mencionado diario recorrieron la zona y en tal dirección no existe la oficina. También acudieron a una casa ubicada en el Cuarto Barrio de Luque, que explotadores de tragamonedas reconocen como supuesto local de la firma, pero en el sitio no existe ningún cartel identificatorio. Además, en los papeles iCrop dice ser una empresa que “desde sus orígenes” se dedicaba a este sector de la tecnología, pero hasta ahora no se informó qué otro trabajo hizo esta firma en el rubro. ABC confirmó además que la empresa, en sus orígenes en el año 2009, tenía otra denominación, otros accionistas y otras actividades declaradas, de sectores textil, importación, comercios… y recién en 2018 nace como iCrop, y pocos meses después realizó su propuesta de trabajar con Conajzar, que se aprobó a través de la Resolución N° 34/2020. La firma se queda con el 74% de las recaudaciones por explotación de tragamonedas, mientras que a Conajzar solo percibe el 26%.