Puerto Rico: la Comisión de Juegos inició el cobro del canon de las tragamonedas en ruta

La Comisión de Juegos de Puerto Rico comenzó el cobro de los $1.500 (US$ 26) establecidos por ley que deben pagar los operadores por cada máquina tragamonedas con la que cuenten. Su presidente, Orlando Rivera Carrión, detalló planes de tres cuotas a los que se podrá acceder pagando la primera antes del 30 de septiembre, la siguiente antes del 31 de noviembre y la última antes del 31 de enero. 

La medida abarca únicamente a los locales comerciales pequeños y a las tragaperras que se instalen en cada uno de ese tipo de negocios, denominadas en ruta.

"Durante el primer semestre del año 2021, fueron certificados los primeros cien operadores de máquinas de juegos de azar en ruta (máquinas) de conformidad con la Sec. 10 de la Ley de Máquinas de Juegos de Azar, Ley 11 de 22 de agosto de 1933", informó Rivera.

Para comprobar su pago, los comerciantes contarán con una etiqueta autoadhesiva que se pegará en la parte superior izquierda de las pantallas y que contará con tecnología electromagnética RFID (por las siglas de radio frequency identification).

"Cada operador deberá emitir un pago correspondiente al total de máquinas que posee, que no será menor de cien (100), ni mayor de doscientos cincuenta (250) máquinas. El incumplimiento con el requisito de cualquiera de los pagos de las licencias de las máquinas dentro de los términos provistos por la Comisión, conllevará la revocación de la certificación de operador o dueño mayorista", advirtió Rivera Carrión.

El presidente de la Comisión de Juego se encargó de dejar en claro que cada operador es responsable de informar la cantidad de máquinas con las que cuenta y la ubicación de las mismas, y que para evitar futuros problemas, desde el organismo realizarán inspecciones en los locales registrados para comprobar que esté todo en orden.

"Todo negocio que posea máquinas sin un marbete podrá ser culpable de un delito menos grave y si fuere convicto será castigado a prisión por un término máximo de seis meses o estará sujeto a una multa no menor de $5 mil, ni mayor de $10 mil, o ambas penas a discreción del tribunal. Cualquier convicción subsiguiente se le impondrá una pena de multa fija de veinte mil $20 mil y se considerará delito grave con reclusión por un periodo de tiempo de un año", precisó Rivera Carrión sobre las penas a las que se podrían enfrentar quienes continuen por el camino de la ilegalidad.