Una vez que el proceso anunciado por la SCJ se encuentre ejecutado, corresponde proceder al cobro de las garantías, que equivaldría a unos US$ 12 millones, según señaló el ex alcalde de la ciudad, Ramón Bahamonde.
Pero antes se deberán cumplir las etapas estipuladas en la Ley de Casinos, que parten con el inicio de un procedimiento de revocación bajo el supuesto de que existen antecedentes fundados de que el operador ha incurrido en las causales contempladas.
Para esto, el regulador parte notificando a la empresa -mediante carta notarial- su resolución, en la que detalla los incumplimientos analizados. Luego, Enjoy cuenta con un plazo de descargos de 15 días hábiles en el que podrá acompañar los antecedentes que considere necesarios.
En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la operadora informó que el viernes 6 de agosto fue notificada, por lo que comenzaron a correr los 15 días.
En esa comunicación, Enjoy dijo que “está ejerciendo y ejercerá todas las acciones legales pertinentes, así como también por cierto presentará sus descargos en dicho proceso de revocación, a objeto de demostrar la imposibilidad no imputable de ejecución del proyecto, en tiempo y forma, por incuestionables situaciones de caso fortuito o fuerza mayor”, refiriéndose a lo que consideran es “el actuar ilegal y obstructivo” de la Dirección de Obras local.
Una vez que reciba estos antecedentes, la superintendenta Vivien Villagrán los elevará al Consejo Resolutivo -entidad presidida por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber- a fin de que resuelva en 10 días (extensibles por igual período) sobre la revocación del permiso.
La norma también establece que si el operador considera que la medida fue injustificada, podrá recurrir a la Corte de Apelaciones dentro de los 10 días siguientes a la notificación.
Este tribunal deberá dictar sentencia en un máximo de 30 días, definición que, finalmente, marcará el futuro de Enjoy en Puerto Varas.