El director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera, declaró al El Vocero que 93 de los 100 operadores de este tipo de máquinas ya pagó el primer pago de US$ 500 de un total de US$ 1.500, que debería terminar de pagarse el 15 de abril de 2022.
En estos seis meses la recaudación para las arcas públicas de estos primeros 100 operadores con licencias aprobadas por el regulador, llegará a los US$ 40 millones.
"Al momento los operadores no han decidido cuántas máquinas van operar. Le vamos a conceder la oportunidad de decidir la cantidad que van a operar hasta el segundo periodo de pago, ya que el COVID-19 impactó muchos negocios que ya no están operando y que poseían de estas máquinas", aclaró Rivera.
Las licencias entregadas por la Comisión de Juego de Puerto Rico pueden variar de acuerdo a cada operador, que tendrá hasta antes del próximo pago para aclarar cuántas tragaperras tienen cada uno, un número que puede ir entre las 100 y las 250 slots.
"Ahora será más fácil para los inspectores poder identificar aquellas máquinas ilegales ya que no contarán con un marbete. De esta manera perseguimos sacar de la calle a las sobre 80 mil máquinas que actualmente están operando de manera ilegal", detalló el director de la Comisión de Juegos.
Rivera se encargó de explicar que hubo siete licenciatarios que no pagaron y en caso de mantenerse en esa posición, les será removida la licencia, que será automáticamente entregada a quienes quedaron en lista de espera.
Lo siguiente en el plan de la Comisión de Juegos, una vez que se termine con los marbetes, es la interconexión de todas las máquinas a las agencias gubernamentales, para que se conozcan las ganancias generadas por cada una. Las estimaciones que hacen es que estas tributarán un 33% de lo generado, aportando a las arcas públicas unos US$ 100 millones más.