Según comunicaron desde la CJ, el reclamo de que comiencen a controlar locales viene de los mismos operadores regulados que pagaron lo aprobado en la última normativa al respecto, y que buscan que las calles queden vacías de slot ilegales.
Orlando Rivera Carrión, el presidente de la CJ, indicó que noviembre será el mes en el que comiencen los controles y recordó que, quienes continúen operando tragamonedas de forma ilegal serán procesados, multados con $10 mil y les será incautado todo el material incriminante. Esa cifra se duplicará en caso de reincidir, y además el delito ya pasará a ser grave.
Las licencias para operar tragaperras en Puerto Rico fueron aprobadas en un número de 100 y con la posibilidad de tener entre 100 y 250 por cada uno y por cada operador, lo que establece el máximo en 25 mil máquinas, a un precio de $1.500 cada una.
El cobro del canon comenzó hace unos meses. El mismo se puede pagar en cuotas -la segunda vence el 31 de noviembre- o todo junto. Desde las autoridades recocen que, una vez se concrete el pago total, quedarán alrededor de $40 millones para las arcas públicas.