En las cuentas correspondientes al tercer trimestre de 2021, Codere señaló que la denuncia fue impuesta por la firma Masampe SL, y por José Antonio Martínez Sampedro, Luis Javier Martínez Sampedro y Encarnación Martínez Sampedro.
Según explican, la medida “plantea acusaciones contra algunos administradores, directivos y accionistas de Codere, y potencialmente otros por, entre otras cosas, manipulación para alterar el precio de las cosas, denegación del derecho a la información, imposición de acuerdos abusivos, insolvencia punible y administración desleal”.
Además, “plantea acusaciones adicionales contra personas indeterminadas por blanqueo de capitales, revelación de secretos, y otros delitos no especificados, y requiere a la Audiencia determinadas medidas en relación con el negocio online, con pagos a y desde paraísos fiscales y con entrega de activos a terceros”.
Pese a dejar constancia de su conocimiento de esta demanda, la empresa dice que “ningún miembro del grupo ha sido notificado acerca de si la demanda ha sido aceptada por la Audiencia o ha visto una copia de dicha demanda y, por tanto, la compañía no puede comentar sobre la demanda o hasta qué extremo Codere y/o sus filiales están implicadas en la demanda”.
No es la primera vez que los Martínez Sampedro toman medidas contra las autoridades de Codere. El año pasado, los fundadores ampliaron la demanda que habían presentado en 2019 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la toma de control de Silver Point, principal accionista de la casa de apuestas desde 2018. Los fundadores acusaban al órgano de ocultar requerimientos y respuestas enviadas al supervisor.
Asimismo, Codere valora en sus cuentas de este miércoles que la demanda ante la Audiencia Nacional “sería una acción más de la familia Martínez Sampedro en su estrategia contra el Grupo Codere, sus administradores y directivos, iniciada hace casi cuatro años”.
“Hasta la fecha, no hay ningún fallo contra el Grupo Codere derivado de los numerosos procedimientos administrativos, civiles, mercantiles y penales iniciados por la familia Martínez Sampedro contra el Grupo Codere, sus administradores o el equipo gestor”, argumentaron.