La familia Martínez Sampedro, fundadora del grupo Codere, recurrió el reciente archivo de su denuncia en la Audiencia Nacional, en contra los fondos que controlan la compañía, y han solicitado la celebración de una Junta Extraordinaria para que se informe de “todas las operaciones realizadas desde paraísos fiscales, y sociedades no residentes relativas a Codere Online”.
Desde hace años, los fundadores del grupo batallan en los juzgados contra los fondos que controlan actualmente la compañía, y exigen “una auditoría de fraude, realizada por una empresa especializada e independiente” de los ejecutivos y administradores, de “todas las operaciones realizadas por filiales de la sociedad en paraísos fiscales”.
Los Martínez Sampedro aún mantienen algo más del 12% del capital del grupo, y han solicitado la celebración de una Junta Extraordinaria a través de un requerimiento notarial. Fuentes cercanas al grupo aseguran que se estudian “acciones legales por difamación”como respuesta a estas denuncias de la familia fundadora.
En su propuesta de celebración de Junta, los Martínez Sampedro explican que la actividad de Codere Online se realiza en un 65% aproximadamente en España, pero que, sin embargo, “se ha creado un complejo sistema de sociedades filiales en Gibraltar, Malta, y otros paraísos fiscales”.
Y aseguran que estas filiales, “sin sustancia económica conocida”, contratan con proveedores “que no se conocen en cantidades millonarias, a la vez que se ha desmantelado la práctica totalidad de la estructura laboral en España”.
En el orden del día de la Junta propuesta, se pide también que se informe sobre la identidad de cada uno de los acreedores de la empresa “y el importe de su deuda que han ofrecido asegurar y en su caso indemnizar a los consejeros y ejecutivos que colaboren en la denominada reestructuración del Grupo”.
Los Martínez Sampedro sostienen que la reestructuración de Codere es ilegal en España, ya que “no se basa en ningún convenio de acreedores, y simplemente se les entrega a los acreedores todos los activos, sin convenio alguno, y sin ninguna valoración de los activos antes del 11 de mayo de 2021”. Los fundadores de la hasta ahora única compañía de juego española cotizada, advierten que los acreedores del grupo, conscientes de la ilegalidad de la reestructuración, “buscan retribuir a los que colaboren en la ejecución de esos acuerdos”, y evitar “sus presuntas responsabilidades”.
También llaman la atención en su petición de Junta Extraordinaria sobre el empleo que haya hecho la compañía de la cesión de los datos de los clientes en España de Codere Online “a sociedades no residentes en España y del uso económico que se va a hacer por terceros no residentes en España, de sus datos y acuerdos que procedan para cumplir la legalidad española”.
En paralelo, la familia fundadora de la multinacional española presentó un recurso al archivo de su querella ante la Audiencia Nacional.
Cabe recordar que la Audiencia Nacional admitió a trámite a principios del pasado mes de julio la querella contra el fondo estadounidense Silver Point, primer accionista de Codere. En ella se acusaba al fondo, y al presidente de la compañía, Norman Sorensen, de presuntos delitos de defraudación y maquinación, para alterar el precio de las acciones de la empresa; de negación del derecho de información; de acuerdos abusivos; de insolvencia punible; y de administración desleal.
El Juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, decidió la semana pasada el archivo de la causa, pero el mismo día en el que informó del mismo, los hermanos Martínez Sampedro presentaron un recurso contra dicha decisión. En el caso de que el Juzgado desestimara el recurso, los fundadores de la compañía podrían presentar recurso de apelación, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.