Crece el enfrentamiento entre la Junta de Supervisión Fiscal y la Comisión de Juegos de Puerto Rico

El cruce entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Comisión de Juegos (CJ) de Puerto Rico sigue escalando en dimensiones, tras darse a conocer una comunicación en la que el ente fiscal dio un plazo para que la comisión entregue evidencia de cualquier actuación que haya realizado bajo los reglamentos de tragamonedas que no están autorizados, y planteó que la versión actual de los mismos violenta el Plan Fiscal.

Una carta de la JSF, fechada el viernes pasado, establece plazos hasta el miércoles 27, para que la Comisión de Juegos provea evidencia de cualquier acción que haya tomado bajo dichos reglamentos.

Esto contrasta con alegaciones recibidas por el ente fiscal, que señalan que se han realizado acciones a pesar de que los reglamentos no fueron autorizados. Específicamente, la Junta pidió cualquier acto relacionado con la imposición de multas, que pueden llegar hasta los US$ 10.000 por infracción.

"Los reglamentos propuestos son voluminosos y técnicos y, como hemos compartido anteriormente, levantan preocupaciones serias sobre si son inconsistentes con el Plan Fiscal", indicó la Junta en la carta del viernes, en la que menciona los "informes alarmantes" que han recibido de que la CJ está implantando los reglamentos sin autorización del ente fiscal.

Con estos reglamentos se pretenden legalizar miles de máquinas de entretenimiento para adultos, mediante un proceso de licenciamiento que “tiene efecto discriminatorio para los dueños de hace mucho tiempo de estas tragamonedas, y favorecedor para nuevas entidades conectadas políticamente”, señalaron.

Los reglamentos 9.174 y 9.175 fueron estudiados en un caso que llegó al Supremo, ya que los generó la Compañía de Turismo en medio de la pandemia, durante la administración Vázquez Garced, a pesar de que tendría que haberlos hecho la Comisión de Juegos.

El tribunal superior declaró los reglamentos nulos, y el tribunal de apelaciones revocó con un argumento que no entra en los méritos, sino que versa sobre falta de capacidad de los demandantes. El Tribunal Supremo dijo que iba a revisar la determinación, y ordenó la paralización de los reglamentos, pero luego se desdijo e informó que no iban a revisarlos, por lo que los reglamentos quedaron liberados y se mantuvo la determinación apelativa.

A pesar de que el Supremo dio paso a su implantación, los mismos se mantienen detenidos en la JSF, pendientes del proceso de revisión de reglamentos del ente, en parte porque el Gobierno tardó 17 meses en entregar una traducción provisional, no final, de los reglamentos. La Junta levantó varias objeciones, que no divulgó en su carta del viernes.

Según la Junta, el director de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión, entiende que al ente fiscal se le pasó el tiempo de revisar los reglamentos y, por ello, los puede implantar; pero el ente lo contradice y aseguró que los impugnaría en el tribunal, si se los pone en vigor.