Las Islas Baleares no habilitarán más licencias de juego y reducirán en un 50% su cantidad actual de operaciones

El vicepresidente de Gobierno y consejero de Transición Energética, Memoria Democrática y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, anunció la revocación definitiva de la última licencia pendiente de apertura para una sala de juegos en Baleares: la del local de la calle Cabana (Marratxí), que se suma a la ya revocada licencia del local de Miquel Bisellach (Inca), cuyo plazo de apertura venció el pasado mes de febrero.

La autoridad explicó, además, que existe una propuesta de modificación de la Ley del Juego, que incluye, entre otras cosas, la moratoria automática de nuevas licencias hasta que el número actual de salas de juego y apuestas se reduzca a la mitad, y que acaba de superar el periodo de alegaciones.

Con estas medidas, el gobierno se asegura la no concesión de nuevas licencias de juego en las Islas Baleares en las próximas décadas, y se convierten en la primera Comunidad Autónoma en impedir de hecho la apertura de nuevas salas de juego y de nuevas casas de apuestas.

Según el portal Sector del Juego, Yllanes destacó esta información en la reunión de la Mesa Social del Juego, que se celebró en la Consellería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Gobierno, y en la que también participaron el director general de Comercio, Miquel Piñol; el secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado; la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font; el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, y los tenientes de alcalde Neus Serra y Joan Francesc Canyelles; la vicedecana del Colegio de Psicólogos, Maria José Martínez, así como representantes de diferentes asociaciones y plataformas de la sociedad civil, entre ellos: Catalina Cebrián, de la Plataforma Vecinal de Marratxí; Miquel Àngel Guerrero, de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA); Júlia Monge, de la asociación de ludópatas Juguesca; Maria Eugènia Janer, del Pla dAddiccions y Drogodependències de les Illes Balears; o Toni Parets y María Fernández, de Proyecto Hombre.

Yllanes agradeció a los asistentes el haber puesto a disposición del Gobierno sus diferentes perspectivas de los juegos de azar “como una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal, y no una cuestión estrictamente de negocios” como, lamentó, “se había tratado hasta ahora”.

En este sentido, el vicepresidente insistió en la apuesta del Gobierno “por las políticas de prevención de las adicciones, de protección de menores y colectivos más vulnerables, de paz social y convivencia vecinal”, además de “evitar que la Comunidad se convirtiera en un Las Vegas low cost”, y ha recordado algunas de las iniciativas normativas impulsadas desde la Vicepresidencia a través de la Dirección General de Comercio.

Cabe destacar la primera moratoria para nuevas licencias entre 2020 y 2022, que permitió detener una libre dinámica de aperturas, o la suspensión de licencias posterior, con el objetivo de consolidar la replanificación sectorial, retrasada por el impacto económico y social de los efectos de la pandemia.

“Fruto de la colaboración entre el alcalde de Marratxí y del vicepresidente del Gobierno se ha podido convencer al sector de la necesaria autorregulación, para evitar un conflicto de convivencia vecinal”, destacó el director general de Comercio, Miquel Piñol.

Por su parte, el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, celebró que “la administración ha dejado de ser una pared para la ciudadanía. Nos preocupan las mismas inquietudes que a nuestros vecinos y vecinas y en este caso se ha demostrado que la tarea coordinada entre las administraciones y todas las entidades sociales que se han puesto en marcha en contra de esta sala de juego de Marratxí ha sido verdaderamente efectiva”.

A esto se suma ahora la propuesta de modificación de la Ley de Juego 8/2014, anunciada también por el vicepresidente Yllanes, que fijará un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes —actualmente operan 140 salas—, tres casinos y cuatro bingos, y que incluye, entre otras medidas, la moratoria automática de nuevas licencias hasta que se alcance esta cifra y, por tanto, el número de salas no se reduzca hasta la mitad.

Esto significa que tampoco se volverán a arbitrar procesos de otorgamiento de nuevas licencias y que el Gobierno no concederá más licencias de juego en las Islas, al menos en las próximas décadas, convirtiendo así a las Islas Baleares en la primera comunidad autónoma de todo el Estado en adoptar una medida de estas características.

“En esta legislatura hemos conseguido el punto de inflexión que todas y todos esperábamos en materia de densidad de salas de juego por habitante en nuestras Islas”, dijo Yllanes. “No podíamos continuar doblando la media española de salas por habitante”.