La Unión de Operadores de Máquinas en Ruta (UNOMAR) de Puerto Rico negó las acusaciones de lavado de dinero que, días atrás, realizó el saliente director de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión, en contra de este sector de la industria del juego en ese país.
“Rechazamos y desmentimos completamente las expresiones irresponsables que este señor hizo sobre el lavado de dinero. [...] Yo quisiera que recapacitara porque no puede generalizar que los operadores de máquina somos de esa manera”, expresó el operador Óscar Morales Feliciano, uno de los asociados, según informó el medio puertorriqueño Noticel.
La asociación de operadores de tragamonedas en ruta —una categoría de máquinas con respaldo legal en Puerto Rico— pretende así desmentir la versión que Rivera Carrión ofreció en el marco de la confirmación de su alejamiento del ente regulador del juego en Puerto Rico.
En su momento, y en diálogo con el citado medio puertorriqueño, Rivera Carrión había declarado sobre los operadores de tragamonedas en ruta: “Llevan años lavando dinero sin pagarle al estado ni a Hacienda, a nadie, un peso. Todos estos tipos viven bien, no hay un pobre ahí”.
Cabe señalar que los operadores agrupados en UNOMAR demandaron, en agosto del 2021, a Rivera Carrión por supuestas irregularidades al emitir las nuevas licencias para el funcionamiento de tragamonedas en ruta.
Entre las acusaciones, figuran el tráfico de influencias y el dar licencias a operadores nuevos cuando la norma otorgaba prioridad a los operadores con más años de funcionamiento. Asimismo, se reclama que las licencias beneficiarían a los operadores fuera de la isla y perjudicarían económicamente a los locales.
En tanto, según Noticel, las acusaciones del saliente funcionario tendrían fundamento en una determinación del Departamento de Hacienda de Puerto Rico “que los propios operadores reconocen que existe y que no les permite obtener créditos y hacer otros trámites bancarios con el dinero que ingresan a través de las máquinas, porque la entidad fiscal entiende pueden ser producto de actividad ilegal”.
A inicios de mes, se confirmó el alejamiento de Orlando Rivera Carrión de la dirección ejecutiva de la Comisión de Juegos de Puerto Rico. Según se informó, el funcionario enfrentaba denuncias de corrupción en la concesión de licencias, así como la fiscalización de legisladores por viajes oficiales supuestamente pagados por empresas de la industria.
Al respecto, Rivera Carrión dijo a Yogonet: “El tiempo me dará la razón, Dios no deja a sus hijos en vergüenza”.
Por otro lado, en lo que respecta al plano legislativo, el legislador puertorriqueño José Aponte Hernández, expresidente de la Cámara de Representantes, presentó un pedido para que la Comisión de Turismo y Cooperativismo de dicha instancia investigue la industria del juego y su alcance como actividad económica.
En su pedido formal, la Resolución de la Cámara 720, Aponte solicita “una investigación sobre el estado de la industria de juegos en Puerto Rico, la posible saturación de este sector económico y la captación de los ingresos del estado provenientes de los distintos segmentos de la industria”.
La resolución, que fue presentada el pasado 31 de marzo y aún no ha sido votada, propone que se otorgue un plazo de 180 días a la Comisión de Turismo y Cooperativismo para realizar esta investigación y presentar un informe con sus conclusiones.