La adjudicación de las slots del Casino de Mendoza genera una embestida judicial del empresario Alfredo Vila

Tras años de operación y la reciente pérdida de la concesión de las tragamonedas, el empresario Alfredo Vila, principal cara al frente del grupo operador Plaza Central, interpuso un recurso revocatorio de la licitación de las slots en el Casino de Mendoza, al considerar que la empresa Traylon S.A. “no cumplirá con el contrato”.

La licitación convocó a varios oferentes y finalmente Traylon S.A se quedó con el premio mayor. No obstante, desde Plaza Central UTE, grupo que tiene a Alfredo Vila como cara visible y quien tiene actualmente la concesión de las tragamonedas, se presentó una queja formal que torcer el destino del proceso, ya que la empresa lleva 19 años administrando las slots en dicha sala.

Plaza Central aduce que la firma ganadora presentó una oferta “inviable”, y pide una nueva licitación. Ahora, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos que preside Ida López, debe responder formalmente.

La firma Traylon, liderada por el empresario Ricardo Benedicto, comprometió una inversión de $ 2.236.650.305,98 (USD 17,35 millones al cambio actual), de los cuáles $ 1.859.146.709,56 (USD 14,41 millones) corresponden a equipos de juego nuevos. El resto de la inversión será destinada a obras en la sala.

Ante este escenario, después de 19 años la empresa Mendoza Central Entretenimientos perdió esta posición de mercado, y a fin de mes, deberá retirar sus máquinas para que lleguen las de Traylon. Sin embargo, Alfredo Vila no parece darse por vencido, y presentó un recurso de revocatoria a la resolución del IPJyC, para evitar que un nuevo jugador administre las slots.

De acuerdo al texto, al que tuvo acceso el diario Los Andes de Mendoza, se exponen una serie de antecedentes del proceso licitatorio, y la empresa basa su exposición en dos ejes.

Uno es la supuesta inviabilidad de la oferta económica de Traylon S.A., y habla de un “daño irreparable al mercado del juego de la provincia de Mendoza”.

Aquí, la empresa que perdió la licitación invoca el artículo 179 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza Nº 9.003, y pretende que Ida López le quite la adjudicación a la ganadora.

En paralelo, Alfredo Vila aseguró al diario Los Andes, a fines del mes pasado, que iba a recurrir la decisión del Instituto de otorgarle la concesión a Traylon, al sostener que hay varias irregularidades en la oferta ganadora.

“Hay cosas graves. Reducen la sala de paños (mesas de black jack y ruleta que pertenecen al Instituto), y el proyecto traslada la sala de póquer, que estaba prohibido, reducen la superficie del bar y acomodan máquinas no a la distancia requerida”, expresó y completa: “800 máquinas nuevas, no sólo no entran en el salón. A 15.000 dólares por máquina, la inversión llegaría a 12 millones de dólares; en 10 años no hay forma de que lo recuperen. No van a poder cumplir”.

El canon mensual en concepto de única retribución alcanza el 52%, “sin aclarar si dicho monto incluye el IVA o no”.

Hubo una serie de consultas que respondió el organismo que preside Ida López, aunque para la empresa perdedora “resulta curioso que la Comisión de Preadjudicación manifieste que detraer el impuesto del canon ofertado, dejaría en manos de dicha Comisión una facultad que claramente no posee, cuando es el propio Instituto el que mediante la respuesta a la consulta Nº 4 tomó una decisión que claramente excede su ámbito jurisdiccional”.

“Ello, en tanto la decisión de si el objeto de la licitación es una prestación de servicios o una coexplotación, no corresponde al Instituto, sino que es facultad de la Administración Federal de Ingresos Públicos determinar los impuestos aplicables a la actividad en cuestión”, remarca el escrito.

Adjunta una comparación dos certificaciones contables con la correspondiente certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, que contienen los flujos de caja del negocio de acuerdo a lo ofertado por Traylon S.A. para ambas posibilidades: coexplotación de salas de juegos (IIBB 21.5%, IVA exento, IIGG 41.5%) y prestación de servicios de máquinas tragamonedas (IIBB 4%, IVA RI 21%, IIGG 35%).

De acuerdo a estos flujos de caja, en el caso de la coexplotación “la pérdida del negocio durante los 10 años de duración de la licitación es de USD 12.434.533, mientras que en el caso de prestación de servicios, la pérdida del negocio durante los 10 años de duración de la licitación es de USD 11.364.858. En otras palabras, la oferta económica efectuada por Traylon S.A. es inviable desde el punto de vista económico financiero, lo cual implicará tarde o temprano, un pedido por parte de Traylon S.A. de una renegociación del canon con el Instituto. Una vez más, el principal perjudicado por esto va a ser el Instituto, y el estado provincial en forma indirecta, en tanto van a estar vinculados contractualmente con quién no estará en condiciones de cumplir con el Contrato, o con alguien que intencionalmente irá a pérdida a fin de afectar a las restantes licenciatarias de juego en la provincia de Mendoza”, expresa la firma Plaza Central UTE.

Para la firma que fue derrotada, y de acuerdo a sus argumentos, la adjudicación de Traylon “admite la participación de un actor al cual claramente no le interesa tener un negocio rentable, y que está dispuesto a tener rentabilidad negativa con tal de eliminar a la competencia para luego obtener réditos en virtud de ello”.

Luego de estos extensos argumentos, la firma perdedora solicita que “se deje sin efecto la Resolución, y se deje sin efecto el procedimiento licitatorio de referencia, debiendo disponer el Instituto un nuevo procedimiento licitatorio a los fines de evitar la afectación de derechos de terceros”.

No obstante, y ante el rechazo al recurso presentado por Plaza Central UTE (en la que están asociados Mendoza Central Entretenientos y el casino del hotel Hyatt) que podría realizar el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, se reserva la posibilidad de concurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.