La Justicia de Paraguay programó una audiencia para evaluar medidas contra el expresidente de Conajzar

El Poder Judicial de Paraguay programó la audiencia preliminar en la que evaluará la imposición de medidas restrictivas contra José Antonio Ortiz Báez, extitular del Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar, regulador del juego en el país); Carmen Corina Alonso, exdirectora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben); y otros implicados por presuntas irregularidades en adjudicaciones de explotación de juegos de azar.

El juez Humberto Otazú, titular del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos, decidió que la audiencia se desarrolle entre los días 8, 9 y 10 de agosto. Los otros implicados son Ricardo Núñez, exintendente de la ciudad de Villa Hayes; Omar Mongelós, representante de las municipalidades del interior ante Conajzar; Rubén Antonio Rousillon, representante de las gobernaciones; y Álvaro Wasmosy, vicepresidente de la empresa Technologies Development of Paraguay (TDP).

Según la acusación del Ministerio Público paraguayo, Ortiz Báez, Alonso y Núñez están acusados de los delitos de lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción, en calidad de coautores. Por su parte, a Mongelós y Rousillon se los acusa de los delitos de lesión de confianza, prevaricato y exacción. Wasmosy está acusado por presunta Declaración Falsa.

De acuerdo a la fiscalía —que solicitó el inicio del juicio oral a inicios de julio—, los involucrados habrían favorecido a la empresa TDP en el marco de la suscripción del contrato de concesión para la explotación del juego de la Quiniela. Añaden que la compañía “incumplió con las obligaciones pertinentes” y no informó a la Conajzar sobre premios no entregados ni sobre el pago de los impuestos correspondientes.

El juez Humberto Otazú, titular del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos.

“Los representantes de la firma TDP S.A. declararon falsamente respecto a no adeudar ningún impuesto al Estado, como tampoco, no tener ninguna obligación pendiente con la Conajzar. Asimismo, los integrantes de la CONAJZAR han favorecido indebidamente a la firma TDP S.A. para la adjudicación y firma de contrato [...] para la explotación de la Quiniela”, cuestionaron desde el Ministerio Público.

Por otro lado, la fiscalía también acusó a Mongelós, Rousillon, Alonso, Núñez y Ortiz Báez por un caso de explotación de tragamonedas. Respecto de este, señalaron que los implicados “resolvieron otorgar a la firma iCrop S.A. la autorización de la nueva modalidad de explotación juegos de azar con intervención en la operación de máquinas electrónicas tragamonedas en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte o de azar”.

“Los acusados sabían que por ley ellos no eran los competentes para conceder la autorización para la explotación de este tipo de juego de azar”, detallaron en su escrito.

Por último, cabe señalar que distintos gremios del sector del juego de Paraguay —como la Asociación de Operadores de Juegos de Azar y la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar— celebraron el pedido juicio oral contra Báez y los otros implicados.