Paraguay: Suspenden la audiencia judicial del caso contra el expresidente de Conajzar por irregularidades en su gestión

El Poder Judicial de Paraguay decidió suspender la audiencia preliminar en la que se iba a evaluar la imposición de medidas restrictivas contra José Antonio Ortiz Báez, extitular del Consejo Nacional de Juegos de Azar (Conajzar, regulador del juego en el país); Carmen Corina Alonso, exdirectora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben); y otros implicados por presuntas irregularidades en adjudicaciones de explotación de juegos de azar.

El titular del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos, el magistrado Humberto Otazú, había programado la audiencia para desarrollarse entre los días 8, 9 y 10 de agosto. Sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a recursos presentados contra la fiscal a cargo del caso, María Estefanía González.

Según informó el diario paraguayo ABC, la defensa legal de Ortiz Báez y Alonso, junto con el abogado de otro de los acusados, el empresario Álvaro Wasmosy, presentaron “un recurso de reposición con apelación en subsidio”, a partir del cual cuestionaron la fecha en que la fiscal González presentó su acusación y solicitó el inicio del juicio oral.

Los abogados de Ortiz Báez y Alonso, Andrés Casati, y de Wasmosy, José Fernández Zacur, apuntaron que la fiscal “presentó la acusación el 5 de julio pasado”, dos días antes de que fuera ratificada por e Poder Judicial frente a un pedido de recusación en su contra. De esta manera, las defensas legales alegan que González “no estaba confirmada en el caso cuando se presentó la acusación”, que no debía presentar ella sino los fiscales interinos.

La fiscal paraguaya María Estefanía González.

Ahora, el Poder Judicial paraguayo indicó que será la Cámara de Apelaciones la instancia que deberá resolver la situación planteada por la defensa, a fin continuar con el proceso. En tanto, Casati dijo al medio paraguayo que, con los planteamientos presentados, no se apunta a anular el proceso sino que, al contrario, el objetivo es “protegerlo” para que no sea anulable más adelante.

Cabe señalar que los otros implicados son Ricardo Núñez, exintendente de la ciudad de Villa Hayes; Omar Mongelós, representante de las municipalidades del interior ante Conajzar; Rubén Antonio Rousillon, representante de las gobernaciones; y Álvaro Wasmosy, vicepresidente de la empresa Technologies Development of Paraguay (TDP).

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, Ortiz Báez, Alonso y Núñez están acusados de los delitos de lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción, en calidad de coautores. Por su parte, a Mongelós y Rousillon se los acusa de los delitos de lesión de confianza, prevaricato y exacción. Wasmosy está acusado por presunta Declaración Falsa.

En parte de su acusación, el Ministerio Público sostiene que los involucrados habrían favorecido a la empresa TDP en el marco de la suscripción del contrato de concesión para la explotación del juego de la Quiniela. Añaden que la compañía “incumplió con las obligaciones pertinentes” y no informó a la Conajzar sobre premios no entregados ni sobre el pago de los impuestos correspondientes.

Carmen Corina Alonso, exdirectora general de la Diben, y José Antonio Ortiz Báez, extitular del Conajzar.

“Los representantes de la firma TDP S.A. declararon falsamente respecto a no adeudar ningún impuesto al Estado, como tampoco, no tener ninguna obligación pendiente con la Conajzar. Asimismo, los integrantes de la CONAJZAR han favorecido indebidamente a la firma TDP S.A. para la adjudicación y firma de contrato [...] para la explotación de la Quiniela”, cuestionaron desde el Ministerio Público.

Por otro lado, la fiscalía también acusó a Mongelós, Rousillon, Alonso, Núñez y Ortiz Báez por un caso de explotación de tragamonedas. Respecto de este, señalaron que los implicados “resolvieron otorgar a la firma iCrop S.A. la autorización de la nueva modalidad de explotación juegos de azar con intervención en la operación de máquinas electrónicas tragamonedas en locales cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte o de azar”.

“Los acusados sabían que por ley ellos no eran los competentes para conceder la autorización para la explotación de este tipo de juego de azar”, detallaron en la acusación.