La reforma a la ley del Juego de Baleares avanza hacia su tratamiento

La Ley de Juego de Islas Baleares, en España, se encuentra lista para iniciar los trámites europeos, después de completar el último paso previo, que consistió en que el Govern presente este martes a la Comisión del Juego de Baleares las contribuciones del Consell Económico Social (CES) a la nueva normativa autonómica.

La Vicepresidencia del Ejecutivo balear y Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática convocó este martes a la Comisión del Juego de Baleares, que reúne a todas las asociaciones del sector y los sindicatos, para presentar el último borrador del Anteproyecto de ley de reforma de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas en Baleares, informó el Govern a través de un comunicado de prensa publicado por el medio local La Vanguardia. 

Las novedades más importantes resultantes de estas incorporaciones incluyen: la limitación a 500 metros de distancia mínima entre salones de juego en Palma; la extensión de la prohibición de ubicar máquinas de juego en las proximidades de los centros educativos de menores de edad en todo tipo de centros educativos, independientemente de la edad de las personas a las que estén dirigidos; y la ampliación del período de prescripción de las infracciones leves de seis meses a un año.

Por otra parte, con la incorporación de las últimas aportaciones se suprimirá la obligatoriedad de establecer sistemas de activación y desactivación en las máquinas de tipo B, aunque deberá mantenerse la máquina en suspenso con una pantalla de verificación de edad, y se permitirá indicar el nombre comercial y la marca del establecimiento en las fachadas de los salones de juego, bingos, casinos o casas de apuestas.

Por otro lado, la propuesta de modificación de la ley de juego del Govern fija un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes, que ahora es de 140 salas, e incluye la moratoria automática de nuevas licencias hasta que se consiga esta cifra. En abril, el vicepresidente y conseller Juan Pedro Yllanes hizo pública esta medida y Baleares se convirtió en la primera comunidad de todo el Estado en impedir la apertura de nuevas salas de juego y de nuevas casas de apuestas.