Baleares anunció nuevos aumentos en los impuestos a casinos mientras avanza la reforma a la ley del Juego

Mientras la reforma a la Ley de Juego de Islas Baleares, España, continúa su proceso, otras medidas continúan afectando al sector, que en los últimos cuatro años vivió el cierre de 37 casas de juegos. Al iniciar el mes de octubre, el Gobierno anunció un aumento en los impuestos a casinos, casas de apuestas y tragamonedas.

Este incremento es parte de una serie de medidas anunciadas por el Gobierno de la socialista Francina Armengol, de coalición con Unidas Podemos. El comunicado detalla que subirá el Impuesto de Patrimonio para operaciones que superan el millón de euros del 11,5% al 12%; y creará un nuevo tramo para los que superan los dos millones, que pagarán un 13%. También, que incrementará los impuestos a las viviendas de lujo y al juego, incluidos casinos, casas de apuestas y tragamonedas.

En una rueda de prensa realizada esta semana, Podemos y PSOE explicaron que en el marco del acuerdo al que llegaron se aumentará los impuestos del juego, casinos, casas de apuestas y tragaperras "porque son actividades que se están lucrando con actividades que perjudican a la sociedad". Aun así, el portavoz de Unidas Podemos en el Parlament, Alejandro López agregó que este punto está pendiente de cerrarse y de que "afinen los números".

López hizo hincapié en la necesidad de aumentar los impuestos "a los que más tienen" para fortalecer la educación, la sanidad y los servicios sociales frente a la "oleada" de las comunidades gobernadas por el PP "que quieren bajar los impuestos a los que más tienen".

Este anuncio se da en el marco del tratamiento de una nueva Ley de Juego y después de cuatro años en los que 37 salas de juego y casas de apuestas cerraron sus puertas en Baleares debido en gran parte a la política de tolerancia cero del Govern que puso en 2014 el foco en la ludopatía en las Islas.

En 2014 había 90 locales en las Islas y en 2019 el sector vivió su momento de mayor crecimiento con un total de 154 salas repartidas por toda la geografía balear, convirtiéndose en el tercer territorio nacional con más locales recreativos por cada millón de habitantes, informó el Periódico de Ibiza.

Desde entonces han cerrado 37 salas y dos más están en proceso. De ellas 32 en Mallorca (Alcúdia, Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Palma, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí y Sóller), tres en Menorca (Ciutadella y Maó) y dos en Ibiza (Ibiza y Sant Antoni de Pormany). Algunos de los cierres responden a denegaciones de licencias, declaraciones de nulidad o revocaciones de los permisos existentes, pero la mayoría se deben a renuncias y desestimientos de las propias empresas. La patronal atribuye los cierres principalmente a la pérdida de poder adquisitivo de la población y a la crisis turística derivada de la pandemia, aunque admite también la existencia de casos de presión vecinal sobre determinados establecimientos, pero sostiene que estos son un fenómeno nuevo que ha llegado coincidiendo con la tramitación de la nueva legislación.

Reforma a la Ley del Juego

La modificación de la Ley 8/2014 de 1 de agosto del juego y las apuestas impulsada desde el Govern balear, atraviesa la recta final en Europa, antes de su aprobación definitiva. Se trata de una normativa pionera a nivel del Estado porque impedirá de facto conceder nuevas licencias en los próximos años.

El borrador del texto, que el Govern presentó el 1 de agosto a la Comisión del Juego de Baleares, establece un máximo de 75 salas de juego por millón de habitantes. Teniendo en cuenta que las Islas duplican actualmente esa cifra (con 139 salas de juego para 1,2 millones habitantes) la medida supondrá en la práctica que hasta que más de la mitad de los locales que operan ahora no cierren, no se autorizará la apertura de nuevas casas de apuestas.

Además, la nueva norma fija también una distancia mínima de 500 metros entre locales y prohíbe las máquinas en las inmediaciones de los centros educativos. A la espera de que se complete la modificación legislativa, desde 2020 existe una moratoria de licencias que frenó la apertura de nuevos locales.

La patronal critica que el Govern tome como referente la población de Baleares para establecer la densidad máxima de locales de juego sin tener en cuenta la población que llega a las Islas en la temporada alta. Critican además que la nueva normativa «cargue toda la responsabilidad sobre el juego privado cuando el juego público se queda con el 53 % del gasto en juego que se hace en España», según expresaron en un comunicado.