Entra en vigor en España la ley que refuerza la lucha contra el fraude en las apuestas deportivas

La nueva Ley del Juego, que entre otros aspectos fortalece el control ante posibles fraudes en apuestas deportivas y amplía la protección a los usuarios ante el juego problemático, entrará en vigor el viernes 4 de noviembre tras su publicación este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta norma, que es una modificación a la Ley de Regulación del Juego del 2011 y también refuerza la cooperación entre distintas comunidades autónomas respecto, fue aprobada por el Senado español a finales de octubre, luego de haber recibido la media sanción del Congreso de Diputados.

La nueva ley, que fue una propuesta por el Gobierno español, formaliza legalmente el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), buscando dar una respuesta técnica, coordinada e integral frente a prácticas fraudulentas, que pueden derivar en procedimientos administrativos o penales.

En esa línea, el texto establece que, para impedir que se obstaculicen las investigaciones de este servicio, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) “restringirá los derechos de acceso, rectificación, limitación, supresión, oposición y portabilidad respecto al tratamiento de datos en el Servicio”.

También se detalla que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán la condición de “cesionarias” de los datos personales que les sean facilitados por la DGOJ a través de este servicio. Estas instituciones podrán revisar la información sobre las personas sospechosas de incurrir en “algún tipo de comportamiento o práctica fraudulenta”.

En tanto, la ley aclara que los datos personales que trate el servicio no serán conservados durante un periodo superior a un año desde su obtención.

El pleno del Senado español

Sobre juego problemático

Además, la norma tiene entre sus objetivos la tutela y protección de los menores y de los participantes en los juegos, así como de la prevención de las conductas adictivas. En línea con ello, se establece como nueva función de la DGOJ el “contrastar la eficacia de las medidas sobre juego responsable o seguro exigibles a los operadores, a consecuencia de los distintos desarrollos regulatorios que se dirigen a fortalecer la protección de los grupos en riesgo”.

Se añade también un apartado al artículo 21 de la Ley de 2011, que incorpora a las funciones de la Comisión Nacional del Juego la de “proteger” a los grupos de jugadores “en riesgo”, evaluando la eficacia de las medidas sobre juego responsable o más seguro dirigidas a estos colectivos que deban desarrollar los operadores de juego.

Asimismo, establece que la publicidad de los operadores de juego se deberá hacer bajo el principio de “responsabilidad social”, con lo que quedarán prohibidas las que inciten a actitudes o comportamientos antisociales o violentos de cualquier tipo, entre otros.

A su vez, el Gobierno pondrá en marcha un Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (registro de prohibidos) e instará a las autoridades autonómicas a que compartan la información de sus correspondientes registros.

Finalmente, la reforma también modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a fin de que las sanciones que se impongan se adecúen a la capacidad económica de la empresa infractora. Las infracciones podrán ser de leves (entre EUR 150 y EUR 10.000), graves (entre EUR 10.001 y EUR 100.000) hasta las muy graves (de EUR 100.001 a EUR 1.000.000), en las que se contempla el cierre temporal de establecimientos, instalaciones o servicios por un plazo máximo de cinco años.

Acceda aquí a la ley que refuerza la lucha contra el fraude en las apuestas deportivas.