Uruguay: advierten que el proyecto para regular el juego online tendrá “consecuencias sociales y económicas”

En noviembre de 2021 el Gobierno de Uruguay envió un proyecto de ley al Parlamento con el fin de que regular y transparentar el juego online. De este modo, propuso habilitar al Poder Ejecutivo a explotar de manera directa los juegos online de casino, y en paralelo a autorizar a operadores privados de salas físicas, a participar de la modalidad de apuestas en línea.

El proyecto ha generado gran polémica y un amplio debate sobre las posibles consecuencias que podría generar, como así también observaciones de diferentes actores de la industria sobre las modificaciones que se le deberían hacer antes de ser definitivamente aprobado y aplicado.

En ese marco, el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay señaló que el proyecto tendrá “consecuencias en la economía y en lo social”. Además, propuso un proyecto alternativo que establezca una sola plataforma, que sea manejada por el Estado y a la que los privados tengan que subir sus servidores.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT manifestó su "real preocupación por el alcance y consecuencias en la economía y en lo social" del proyecto que ya tiene media sanción del Senado y pasó a la Cámara de Diputados. 

La iniciativa llegó al Parlamento con dos artículos, fue modificado en el Senado, que lo dejó con diez, y obtuvo consenso de todos los partidos con representación en la cámara alta. El texto faculta al Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Casinos (DGC) del Ministerio de Economía y Finanzas “a prestar la actividad de juegos de casinos tales como póker, ruleta, slots, entre otros, creados o a crearse, bajo la modalidad on line, a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares".

Según el proyecto de ley, la actividad podrá ser prestada por la DGC directamente “mediante el sistema tradicional o por las operaciones vigentes que funcionan bajo el denominado sistema mixto”, y el Poder Ejecutivo podrá autorizar a realizar la actividad a “los concesionarios de juegos de casinos en forma presencial o a quienes posean dicho título habilitante en el futuro, aun cuando la actividad se encuentre a cargo del Gobierno Departamental de Montevideo, en forma directa o a través de un tercero habilitado”.

Para el PIT-CNT, según un comunicado emitido esta semana, uno de los aspectos “que va a causar un grave perjuicio para la sociedad implica la reducción del nivel de recaudación por parte del Estado”, porque a partir de lo que se ha informado en la Comisión de Hacienda del Senado, “el método de pago de canon o impuestos sería mucho menor al actual, arriesgando a que se explote principalmente el juego online, dejando los casinos físicos como una ‘fachada’ para lograr las licencias de explotación online”.

El comunicado señala también que el proyecto va a causar "un impacto en la salud de la población", afirmando que las múltiples plataformas inducen cada vez más a la ludopatía, y que el proyecto no explica “de qué forma se piensa abordar la adicción enfermiza al juego, ni cómo se va a impedir el acceso de menores de edad, ni cómo se va a controlar el ingreso de clientes auto-excluidos de casinos físicos”.

“También es imperioso controlar el marketing de estas páginas, teniendo que prohibir las distintas campañas de publicidad, como los beneficios por medio de bonos, promociones, juegos gratis, dinero de regalo, entre otros, ya que esto fomenta directamente las adicciones”, agrega el texto publicado este martes.

Además, y en línea con la postura adoptada por la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju), el comunicado plantea que existe “una seria preocupación" porque "los cambios planteados van a afectar los puestos de trabajo directamente, provocando una precarización laboral y pérdida de puestos de trabajo”, subraya el PIT-CNT.

Con respecto a la denuncia de Fenaju sobre el presunto lavado de activos, el PIT-CNT lo reafirma: “El juego online es una gran oportunidad para el lavado de activos. Al no estar establecido el lugar donde deben estar los servidores y las plataformas, cabe señalar que al día de hoy la gran mayoría de las mismas se encuentran instaladas en los paraísos fiscales como ser Islas Caimán, Belice e Islas Vírgenes”.

Finalmente, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT destacó “que se debe trabajar hacia un proyecto alternativo”. "Lo mejor es una sola plataforma manejada por el Estado y que los privados tengan que subir sus servidores desde esta única plataforma que establezca dónde van a estar los servidores y cómo será el funcionamiento”, finaliza el comunicado. 

Sobre el proyecto

El texto establece en su artículo 2 que la autorización para que los operadores, tanto públicos como privados, exploten el juego online “estará condicionada” a que estos cuenten “con un establecimiento presencial operativo y habilitado para el juego presencial” y que “se cumplan los requisitos que establezca la reglamentación y los dispuestos en el contrato de concesión”.

El proyecto también establece que “quienes en el futuro adquieran la calidad de concesionarios de juegos de casinos en la modalidad presencial podrán acceder a una autorización de explotación de dichos juegos bajo la modalidad online, en forma previa a la inversión, aunque no podrán iniciar la modalidad online hasta que se verifique la inversión aprobada e inicie la explotación del juego presencial”.

Hace una semana, el presidente de La Banca, Roberto Palermo, advirtió que el proyecto de ley puede agravar la adicción al juego, aunque está de acuerdo con que se regulen las apuestas online porque es la “mejor manera de controlarlo”. Palermo reconoció estar “en contra del enfoque ideológico con el que se está haciendo la ley”, a la que consideró liberal, y recordó: “Un instante de reflexión puede salvar a un ludópata”.