El Estado de Paraíba acaba de regular las apuestas deportivas, al publicar el martes 17 de octubre en el Diario Oficial, el Decreto 43.376, firmado por el gobernador João Azevêdo Lins Filho.
Esta jurisdicción se adelanta así a la reglamentación a nivel federal y, por medio de un Decreto Ejecutivo, encuadra la operación de las apuestas deportivas, otorgando a la Lotería del Estado de Paraíba (Loteria do Estado da Paraíba o Lotep) el papel de permisionario, para que el organismo estatal pueda conceder permisos para los operadores de la actividad.
Para la obtención del permiso, las empresas operadoras deberán pagar una tasa fija, que se definirá cuando se publique el anuncio público de acreditación de operadores, así como una tasa variable, resultante de la aplicación de un porcentaje sobre los ingresos de explotación, que también se indicará en el anuncio público.
Lotep se encargará de la acreditación, los permisos, la homologación y normatización, supervisión e inspección de la actividad en todo el Estado de Paraíba.
Además, será responsable de promover la acreditación para la selección de las empresas privadas que explotarán el servicio público de lotería.
El decreto autoriza a la Lotep a realizar una convocatoria o licitación pública para la acreditación de las empresas interesadas. Y en virtud del Decreto, los operadores dispondrán de un periodo de autorización de diez años, prorrogable sucesivamente. Además, serán responsables de desarrollar todas las acciones necesarias a sus expensas y responsabilidades para explorar el servicio público de apuestas deportivas.
El producto de la explotación de las loterías de apuestas fijas, físicas o virtuales, se destinará a la promoción de políticas y programas de bienestar social en los ámbitos asistencial, deportivo, educativo, sanitario, de desarrollo social y de seguridad ciudadana.
En las campañas publicitarias relativas al producto ofrecido por el operador, o potenciación de su marca, se deberá advertir sobre los riesgos de adicción que provoca el juego, así como la prohibición de participación de menores de dieciocho años, y de otros colectivos socialmente vulnerables.
Las acciones de marketing deben guiarse por la responsabilidad social y el fomento de la concienciación sobre el juego responsable. El decreto también determina que las apuestas, ya sean físicas o virtuales, se realizarán con identificación obligatoria del apostante.