El Ministerio de Consumo de España avanza con las sanciones a los operadores de juego online, pero con la velocidad deseada según puede comprobarse en las resoluciones de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Si bien los castigos que decide el Ejecutivo solo pueden divulgarse cuando las sentencias ponen fin al proceso administrativo, el propio organismo admite lentitud en su accionar.
Durante noviembre del año pasado pudo comprobarse este retraso, cuando se publicaron las resoluciones relacionadas a la primera mitad del año. Durante ése período, cincuenta y tres plataformas de juego online fueron encontradas en infracción. Algunas de ellas fueron suspendidas en su actividad, ayudando a que los usuarios acceden solamente a plataformas seguras.
Otros de los castigos fueron prohibir promociones o regalos a usuarios, así como directamente sanciones económicas. El Ministerio de Consumo a diecisiete compañías con multas comprendidas entre los cuatro y los cinco millones de euros, mientras otros cuatro operadores restantes tuvieron que asumir el pago de un millón de euros por cabeza.
En total, el Estado español debería recibir más de 84 millones de euros. Estas medidas, además de garantizar el juego responsable y seguro entre los usuarios de la comunidad, también llevan a un aumento de la recaudación por parte del Estado.