España: La regulación restrictiva de la Comunidad Valenciana incrementó el juego ilegal en un 17%

A tres años de que el Gobierno de la Generalitat Valenciana aprobara la Ley 1/2020 del juego, se observan claras consecuencias de la reglamentación más restrictiva de todas las comunidades autónomas españolas para regular esta actividad. Algunas de esas consecuencias son el aumento del juego ilegal en un 17% y la pérdida de al menos 2.500 empleos.

Entre otras modificaciones, la norma contemplaba una distancia de 850 metros entre locales de juego y centros escolares, además del cierre de prácticamente todos los locales de apuestas, ya que cancelaba la renovación de sus licencias. El argumento que fundamentaba estas decisiones era la supuesta protección de los usuarios del juego ante una ola creciente de juego problemático.

Al contrario de estas afirmaciones, los datos de Sanidad corroboraron que los problemas derivados del juego no estaban creciendo, informó el sitio local The Objective. La edición 2022 de la encuesta EDADES del Ministerio de Sanidad estimó que solo el 0,4% de la población española de entre 15 y 64 años tenía posibilidades de presentar un patrón de trastorno del juego. Este valor disminuye un 20% respecto a 2018.

El objetivo era dificultar el juego para poder disminuirlo, pero el efecto fue el cierre de locales de juego y la disminución tanto de la facturación de algunos subsectores afectados, como la recaudación de impuestos de la Generalitat, además de los otros efectos no deseados ya mencionados: un aumento del 17% del juego ilegal y la destrucción de unos 2.500 empleos, según los datos del propio Gobierno.

El juego ilegal se caracteriza por la falta de controles, por lo que acarrea mayores riesgos y permite el juego a menores y personas inscritas en los registros de autoexclusión, además de la generación de empleo de peor calidad, y de menores recaudaciones de ingresos de impuestos para las administraciones, señalaron los analistas del mismo medio, realizando una comparativa con los efectos de la ley Volstead para prohibir la fabricación y venta de alcohol en EE.UU en 1919.

El periodo en el que se aplicó la llamada Ley Seca "demostró que las políticas prohibicionistas gozan de muy mala salud, ya que el fin que persiguen acaba siendo degradado, recortando las libertades individuales, y resultan incapaces de modificar las costumbres y los usos sociales", señalaron en The Objective. 

El aprendizaje que se puede tomar de estos paralelismos es que las actividades legales, normalizadas, reguladas y controladas por la administración, garantizan un entorno seguro para los clientes, trabajadores y empresas "facilitando las condiciones  necesarias para que los clientes que accedan a sus productos lo hagan de manera segura, responsable y sostenible", con un especial foco de atención hacia los colectivos más vulnerables.