Con la rectificación realizada a su anuncio público, la Lotería del Estado de Río de Janeiro (Loterj) estableció una regulación para las apuestas en el estado, como informó Yogonet, en donde dejó una brecha que permite a las empresas operar a nivel estatal pero aceptando clientes de todo Brasil.
Esta medida, en la práctica, terminó siendo una regulación a nivel nacional, lo cual provocó la reacción del Gobierno Federal, que impugnó la resolución y podría llevar el caso a los tribunales. La norma permite que las empresas del sector acepten clientes de fuera de Río de Janeiro, con el único requisito de que el apostante acepte que la apuesta se ha realizado dentro de las fronteras del Estado.
Hazenclever Cançado, presidente de Loterj
Asimismo, las condiciones establecidas en Río de Janeiro brindan otros beneficios a los operadores de apuestas. En primer lugar, la licencia para operar en el Estado es de BRL 5 millones (USD 1.016.935), frente a los 30 millones (USD 6.101.610) que exige el Gobierno Federal. Además, los impuestos también son más bajos, del 5% de los ingresos brutos del juego; la Medida Provisional del Gobierno Federal, en cambio, establece un impuesto del 18% sobre el GGR.
La corrección realizada por Loterj fue realizada el pasado 26 de julio, apenas un día después de que el gobierno nacional mandara al Congreso la Medida Provisional a partir de la cual busca regular las apuestas deportivas en todo Brasil.
La MP, actualmente en el Congreso, debe ser votada dentro de los 120 días de su promulgación, caso contrario se deberá presentar un proyecto de ley dentro de ese período. Esto significaría que todo volvería a un punto cero, retrasando la tan esperada reglamentación definitiva de las apuestas.
Por su parte, apelando a la Ley 6.259/1944 que establece que "la lotería federal tendrá libre circulación en todo el territorio del país mientras que las loterías estaduales se restringirán a los límites del respectivo Estado", la Caixa, que opera el sector a nivel federal, envió una impugnación a Loterj, alegando que el cambio en la norma podría causar daños al mercado de la lotería federal.