La Justicia chilena declara inadmisible el recurso de protección de la ANFP sobre su contrato con Betsson

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección que interpuso la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) contra el dictamen del Ministerio de Justicia de Chile que le ordenó poner fin a su contrato de patrocinio con el operador online Betsson. La institución deportiva ya anunció que apelará la decisión ante la Corte Suprema.

Cabe señalar que, a inicios de septiembre, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, hizo público un dictamen que otorgaba 30 días hábiles a la ANFP para dar por concluido su contrato de patrocinio con Betsson. El plazo, según el funcionario, vence a mediados de octubre.

La sentencia, firmada por las ministras Maritza Villadangos y Elsa Barrientos y con fecha del 27 de septiembre, establece que “el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando este ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias e ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de algunas de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución”.

Tras ello, se refiere al recurso de la ANFP y sostiene que “se desprende que su contenido excede las materias que pueden ser objeto del mismo atendida su naturaleza cautelar, puesto que la solicitud que se realiza abarca aspectos que demuestran que el objeto de la recurrente es impugnar la aplicación de la norma legal”.

En esa línea, el fallo alude a “lo resuelto recientemente por la Excelentísima Corte Suprema”, que determinó la ilegalidad de 23 plataformas de iGaming y ordenó bloquear su acceso a la empresa proveedora de internet Mundo Pacífico, y afirma que “las alegaciones vertidas por la actora” son “contrarias a derecho”.

Pablo Milad, presidente de la ANFP

“De conformidad, además, con lo dispuesto en el Auto Acordado por la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se declara inadmisible el interpuesto en lo principal del folio 1″, concluye la sentencia.

Apelación ante la Corte Suprema

En respuesta, la ANFP publicó un comunicado en el que anunció que “apelará ante la Excelentísima Corte Suprema, como es usual ante una resolución de este tipo”.

Añadieron que, “en su recurso de protección, la ANFP reclama exclusivamente que el Oficio vulneró su derecho constitucional a ser juzgada por los tribunales que señala la ley, ya que el subsecretario, en lugar de presentar su respectiva demanda ante un juez, instruyó administrativamente que se ponga fin a contratos vigentes”.

“Para esto, ni el Ministerio de Justicia ni la Subsecretaría tienen atribuciones legales, como no las tiene ningún órgano administrativo ni Superintendencia en Chile”, remarcaron.

A partir de ello, reiteraron que “en este recurso de protección no se discute, por lo tanto, la legalidad o ilegalidad de los contratos de apuestas online, asunto fundamental que a juicio de esta ANFP no se refleja adecuadamente en la reciente resolución de la Corte”.

Finalmente, subrayaron que “la ANFP no ha sido emplazada ni ha sido parte de ningún juicio ni recurso en que esta discusión se haya producido”.

Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia de Chile

Advertencia del Gobierno

Un día antes de emitido el fallo, el subsecretario Jaime Gajardo —quien ejerce como ministro subrogante en reemplazo de Luis Cordero— reiteró que la ANFP debe dar por finalizado su contrato con Betsson y afirmó que, de no hacerlo, la asociación incurrirá en una falta grave que podría causar la pérdida de su persona jurídica.

En diálogo con el medio chileno Al Aire Libre, sostuvo que el plazo otorgado a la ANFP “vence a mediados de octubre” y que si la asociación no lo cumple, cometerá una falta grave y pondrá en riesgo su persona jurídica.

“Por expreso mandato del artículo 557 y 559 del Código Civil, el no cumplimiento de las instrucciones que emita el Ministerio de Justicia ante un proceso de fiscalización se mira como una falta grave a los estatutos y habilita al Ministerio solicitar al Consejo de Defensa del Estado la disolución de esa persona jurídica”, advirtió el funcionario.

“Yo diría que esperamos que cumplan, que cumplan dentro de los plazos y los pasos siguientes los evaluaremos conforme a que lo vaya a ocurriendo”, concluyó.