La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunció que aplicará nuevas restricciones al sector del juego al no autorizar la concesión de licencias para nuevos salones de juego durante cuatro años y limitar el número de las máquinas tragamonedas.
El presidente regional, Emiliano García-Page, precisó que, el próximo martes (19), el Gobierno regional aprobará un nuevo decreto que establece cuatro años de “parón absoluto” para los nuevos establecimientos de juego y que además pone un límite de 100 a las nuevas autorizaciones de máquinas tragamonedas con la intención de reducirlas en 200 por año.
El objetivo de estas medidas, según García-Page, es evitar que la adicción al juego se cebe con los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente los jóvenes. El presidente destacó los buenos resultados que, a su juicio, está dando la Ley del Juego de la región en estos primeros años desde su entrada en vigor.
Plantamos cara al juego. Vamos a aprobar en #CLM cuatro años de parón para nuevas licencias de apertura de salas y un estricto límite para máquinas en hostelería. Queremos evitar que la adicción se cebe en los sectores más débiles de la sociedad y, particularmente, en los jóvenes pic.twitter.com/FzFfVriabH
— Emiliano García-Page (@garciapage) December 13, 2023
Durante un acto público en Cuenca, el funcionario detalló que esta medida llega después de constatar que la vigente ley del Juego de la región ha permitido ver descender en un 14,5% el número total de locales de juego.
Por su parte, la consejera portavoz, Esther Padilla, explicó que esta nueva normativa se implementará porque estos espacios “suponen un problema de salud pública para los jóvenes, ya que el 25% de las personas adictas tienen entre 18 y 25 años”.
En una entrevista a Radio Nacional de España (RNE) en Toledo, destacó la preocupación de la sociedad ante “la proliferación de casas de juego o salas de apuestas” desde hace algunos años, “cuando los jóvenes fueron atraídos por estos negocios y lo que esto supuso para las familias”. “La ludopatía es un problema de salud”, indicó.
En este sentido, Padilla hizo hincapié en que hace tres años “ya regulamos para que estuvieran, al menos, a 300 metros de los centros educativos, limitando los horarios y que no fuera tan fácil entrar y salir de esos espacios”.