España

El ministro Bustinduy propone “desarrollar” la Ley del Juego para mitigar los efectos perjudiciales de las apuestas online

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
29-01-2024
Tiempo de lectura 1:12 min

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, manifestó que es “urgente” que su cartera trabaje para para mitigar los “posibles efectos perjudiciales” de los juegos de azar, a partir de “un desarrollo” de la Ley de Regulación del Juego con miras al actual entorno digital.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados, el ministro que reemplazó a Alberto Garzón informó sobre las líneas generales de la política de su departamento para la presente legislatura.

En su intervención, Bustinduy afirmó que es “vital regular el acceso al juego” que, a su juicio, “puede suponer grandes riesgos, sobre todo en edades tempranas”. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 acoge la Dirección General de Ordenación del Juego, que regula el sector online en toda España.

El ministro adelantó que su cartera tiene previsto “desarrollar” la Ley de Regulación del Juego “adaptándola al actual entorno digital” e introduciendo un sistema de límites de depósito conjuntos por jugador, como “ya tiene instaurado el modelo alemán”.

Además, sostuvo que su cartera va a proponer, entre otras iniciativas, una ley de mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos, cajas botín y dispositivos similares. Ello, en línea con la gestión de su predecesor, quien estableció un marco legal de entornos seguros de juego.

Sobre dichos mecanismos de juego, advirtió que pueden pasar “inadvertidos” en los videojuegos, pero contienen elementos equivalentes a los juegos de azar. Por ello, estimó necesario proteger a los menores de edad, con el objetivo de impedir la activación de este tipo de sistemas.

“Esta línea de actuación para garantizar un juego seguro es prioritaria para nuestro ministerio”, sentenció Bustinduy, e insistió en que “reforzar la protección” de los consumidores en este ámbito y “mitigar sus posibles efectos perjudiciales” es una “cuestión urgente”.

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