Chile: Los operadores insisten en que “no existe ninguna disposición que impida el desarrollo de las apuestas online”

El Senado de Chile retomó la discusión del proyecto de ley que busca regular el sector del juego y las apuestas deportivas online y, en su última sesión, la Comisión de Economía recibió a representantes de las plataformas de iGaming, de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y de la Polla Chilena de Beneficencia.

En la sesión, realizada el 5 de marzo, el abogado Carlos Baeza, representante de las firmas Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin, BetWarrior y 1xBet, afirmó que “no existe ninguna disposición en el ordenamiento jurídico chileno que impida el desarrollo de las apuestas online”.

Durante su exposición ante los senadores de la comisión, el abogado cuestionó que el proyecto de ley busque instaurar un bloqueo para las marcas online que hayan operado en los últimos 12 meses previos a su entrada en vigencia. Añadió que dicha disposición constituye una “afectación de derechos constitucionales”.

En la misma línea, criticó que se reglamente “un castigo al establecer la obligación de pago de impuestos retroactivos, afectando a todas aquellas compañías que hayan operado durante los 36 meses previos a la entrada en vigencia de la ley”.

Además, alertó que el proyecto de ley fija “una alta carga tributaria elevada a nivel mundial”, situada alrededor del 38% y configurándose como “la más alta de la región, superando a países como Perú (12%), Brasil (12%) y Colombia (16,2%), así como a Holanda, España, Dinamarca y el Reino Unido”.

Frente a ese escenario, sostuvo que “la relación de la carga tributaria y la canalización de jugadores es un factor clave en la formulación de políticas regulatorias en la industria del juego”, y que “reducir la carga tributaria es una estrategia efectiva para aumentar la canalización, fortalecer la regulación, proteger los intereses de los usuarios y la recaudación fiscal”.

El abogado Carlos Baeza

Por su parte, la superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, afirmó que “sin regulación legal expresa, la explotación comercial de los juegos de azar en Chile es ilegal y, además, constitutiva de delito”, en alusión a los plataformas de iGaming que operaron en dicha jurisdicción.

En línea con ello, recordó que los casinos con licencias vigentes, la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción y los hipódromos son las únicas instituciones autorizadas en la actualidad para ofrecer productos de juego y apuestas.

En tanto, desde la Polla Chilena de Beneficencia cuestionaron el proyecto de ley en discusión por considerarlos “como un actor más” en el ecosistema del sector del juego y, en consecuencia, por exigirles aplicar por una licencia como los operadores internacionales.

Frente a ello, subrayaron que “la Polla no es una plataforma online”, sino que “es una lotería con estructura de agencias”, con 2.350 agencias oficiales y más de 6.000 agentes POS repartidos en el país.

Discusión parlamentaria

Durante la sesión, la senadora y presidenta de la comisión, Loreto Carvajal, solicitó a las autoridades que se especifique el “destino de los recursos que ingresarían” con la regulación de esta actividad que, actualmente, estarían operando fuera de la norma. Cabe señalar que, según el Ministerio de Hacienda, se espera recaudar unos CLP 84.090 millones (USD 85,7 millones) al año cuando la legislación se encuentre en vigente régimen.

Por su lado, el senador Karim Bianchi advirtió sobre la dificultad de legislar y regular a las plataformas de iGaming y, ante ello, planteó “establecer un número determinado de casinos que estén regulados” en la industria.

A su vez, el senador José Miguel Durana resaltó la necesidad de generar una política de juego responsable en el marco de esta iniciativa, y subrayó que se debe tener en cuenta una estrategia nacional para enfrentar la ludopatía asociada a los casinos online.

Además, pidió la lista de países que han optado por establecer un período de restricción de funcionamiento para las empresas que operen en mercados que no cuentan con regulación. También instó a analizar las regulaciones aplicadas en otros países, a fin de obtener una “descripción de su diseño regulatorio”.