El Parlamento de España busca impulsar la prevención y la reducción de los usos compulsivos y problemáticos del juego, de internet y de los videojuegos, a través de una proposición no de ley que la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado para el Estudio de los Problemas de las Adicciones aprobó este lunes 18, a instancias del Partido Popular (PP) y por 20 votos a favor, 14 en contra y una abstención.
La Comisión Mixta urgió al Ejecutivo a trabajar desde el “consenso real” con las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los entes locales, así como desde la “plena coordinación” con los representantes de los afectados, de los profesionales sanitarios y de la industria.
El objetivo de ese trabajo mancomunado es desarrollar “cuantas actuaciones resulten necesarias para impulsar la prevención y reducir usos compulsivos y problemáticos del juego, tanto online como presencial, de Internet y de los videojuegos”, informó el medio local La Vanguardia.
En su propuesta, los funcionarios también destacaron la importancia de que todas las actuaciones que promueva el Gobierno en este sentido sean dotadas con todos los recursos humanos, económicos y materiales que sean necesarios, tengan un enfoque de salud pública, se fundamenten en la evidencia científica y en buenas prácticas y experiencias de éxito, y tengan en cuenta factores como la diversidad, la edad y el sexo de las personas afectadas.
La senadora Elena Castillo, impulsora de la iniciativa, se refirió duramente a las decisiones tomadas previamente y juzgó “curioso” que durante la pasada legislatura el Gobierno llevara a cabo “políticas contrapuestas” en este ámbito, refiriéndose a que, a su entender, mientras el ministro de Consumo Alberto Garzón “intentaba poner freno a la publicidad del juego”, por otra parte la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “invertía EUR 55,3 millones en publicitar y fomentar que el segmento de 15 a 23 años se viera atraído por el juego”.
En ese marco, instó al resto de parlamentarios a que tuvieran “muy en cuenta” su proposición no de ley, asegurando que resulta “fundamental” que el Gobierno “sepa hacia dónde llevan sus políticas públicas”.
Al argumentar las motivaciones del proyecto, el grupo parlamentario se refirió al "Informe sobre trastornos comportamentales 2022", presentado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en enero de 2023. En ese documento, se revela que el juego con dinero, el uso de Internet y los videojuegos “son actividades ampliamente extendidas en nuestra sociedad”, hasta el punto de que “un 58,1% de la población de 15 a 64 años ha jugado con dinero en el último año mientras que un 96,6% ha usado Internet con fines lúdicos”.
"También explica que en 2021 un 20,1% de los estudiantes de 14 a 18 años jugó con dinero y un 85,1%, a videojuegos”, sentenció, para explicar que, en lo que al juego online se refiere, el informe precisa que en 2022 “el 5,3% de la población de 15 a 64 años había jugado durante el último año”, y que el porcentaje que juega online “es mayor en los hombres (8%) que en las mujeres (2,5%)”, siendo “más frecuente entre las personas más jóvenes, descendiendo su prevalencia a medida que aumenta la edad”.
En relación al juego presencial, según la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, “al contrario de lo que ocurre con el juego online, su prevalencia aumenta notablemente con la edad”, si bien, en 2022 apenas “un 1,3% de la población de 15 a 64 años realizaría un posible juego problemático y un 0,4% presentaría un posible trastorno del juego”.
En lo referido a la población de estudiantes, en 2021 en los que tenían entre 14 a 18 años, la prevalencia de un “posible uso compulsivo de Internet” fue del 23,5%, siendo mayor en mujeres (28,8%). Del total de los estudiantes de esa franja de edad, el 7,1% presentaría un “posible trastorno por uso de videojuegos”.
“El ‘Informe sobre trastornos comportamentales 2022’ concluye que la prevalencia de posible juego problemático, posible uso compulsivo de Internet y uso de videojuegos en los estudiantes de 14 a 18 años pone de relieve la importancia de intensificar las actividades de prevención desde diversos ámbitos”, sentenció el PP, que rechazó todas las enmiendas presentadas por PSOE y Sumar.
En el caso del PSOE, su enmienda fue rechazada porque, según Castillo, “habla de que se pondrán los medios materiales en función de las disponibilidades presupuestarias, cuando es algo prioritario”. En cuanto al resto, aseveró que dos de las enmiendas presentadas “son puramente formales, de redacción” y otras dos estaban relacionadas con la introducción de “conceptos de género”.
A pesar de las enmiendas, la propuesta recibió gran apoyo. Por el PSOE, Víctor Gutiérrez Santiago consideró crucial abordar la problemática “de forma conjunta y consensuada” con urgencia, pero recordando que en el caso del juego presencial las competencias están transferidas en exclusiva a las comunidades autónomas. Además, reivindicó la aprobación del real decreto y abogó por articular una “estrategia integral”.
Por su parte, desde el partido de Yolanda Díaz, Rafael Cofiño llamó a “priorizar no solo intervenciones individuales preventivas sino la generación de entornos saludables” así como a implementar medidas de protección para evitar la apertura de locales de apuestas en barrios con menor renta o cerca de centros educativos.
En el turno de fijación de posiciones, la senadora de EAJ-PNV Nerea Ahedo indicó que la preocupación es compartida, pero criticó que la iniciativa ‘popular’ es “vaga y difusa en cuanto a contenido y tema competencial”. Por último, Vox reivindicó la “vital importancia” de esta proposición no de ley y pidió llevar a cabo campañas de concienciación dirigidas también a los padres.