La Agencia Tributaria (AEAT) de España, a cargo de la directora general Soledad Fernández, está intensificando su vigilancia sobre las ganancias procedentes de diversas fuentes, incluyendo las apuestas online.
Según una nueva directiva de la agencia, los consumidores españoles están obligados a declarar las ganancias de las apuestas en línea en su declaración de impuestos de 2023.
De cara al periodo de declaración de renta de 2023, la AEAT ha enviado aproximadamente 2,9 millones de notificaciones a los contribuyentes, instándoles a declarar las ganancias de actividades como el juego online, las transacciones de criptomonedas, el alquiler de inmuebles y las rentas del extranjero.
Cabe destacar que es la primera vez que se emiten avisos específicamente por los beneficios del juego online, con 164.000 advertencias enviadas.
Además, en 2022 la AEAT actualizó el Módulo Tributario-190 para garantizar la declaración de los premios/ganancias del juego inferiores a EUR 300, lo que afectará a las declaraciones de 2023.
Los contribuyentes españoles que ganan más de EUR 22.000 al año ahora deben declarar las ganancias de juego de EUR 300 o más, una reducción significativa del anterior umbral de declaración de EUR 1.000.
La AEAT aplica un marco fiscal de cinco niveles para las ganancias de las apuestas deportivas y el juego en línea, que oscilan entre el 19% y el 45%, dependiendo de la cantidad ganada. El impuesto está fijado en el 19% para las ganancias de hasta EUR 12.450; el 24% de EUR 12.450 a EUR 20.200; el 30% de EUR 20.200 a EUR 35.200; el 37% de EUR 35.200 a EUR 60.000; y el 45% para las ganancias superiores a EUR 60.000.
El objetivo de la AEAT es agilizar el proceso de modificación o presentación de declaraciones específicas sobre operaciones de juego, criptomonedas y rentas del exterior, proporcionando a los contribuyentes los medios para modificar eficazmente los importes de sus declaraciones.
Aunque estos cambios suponen una regulación más estricta de las apuestas online, se han enfrentado a las críticas del partido conservador español, el Partido Popular (PP), que considera las modificaciones como "un impuesto innecesario y punitivo" para los consumidores recreativos.