Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de azar en Colombia, informó sobre la destrucción de un total de 1.491 elementos de juegos de suerte y azar ilegales que habían sido incautados en operativos que se realizan desde 2021, y que se hallaban alojados en el municipio de Yumbo, en el departamento de Valle del Cauca.
En un comunicado, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, señaló que la destrucción de elementos se dio en el marco “de la estrategia de lucha frontal contra la ilegalidad”, y que estos estaban valuados en unos COP 200 millones (USD 51.500).
El regulador colombiano detalló, además, que los elementos destruidos eran utilizados en apuestas ilegales en el Valle del Cauca y en municipios del Eje Cafetero, como Armenia, Dosquebradas y Manizales.
“Seguimos golpeando la ilegalidad con acciones contundentes. Le estamos diciendo a quienes operan juegos de suerte y azar sin contrato de concesión que se acojan a la ley y contribuyan con la salud de los colombianos”, afirmó Hincapié.
Asimismo, durante la destrucción de los elementos, fueron encontrados COP 10 millones en monedas y billetes que estaban al interior de las máquinas electrónicas tragamonedas. “Estos recursos se constituyen como un depósito judicial a nombre de Coljuegos y serán transferidos a la salud”, indicaron.
A su vez, precisaron que entre los materiales destruidos se encontraban 306 máquinas electrónicas tragamonedas, 538 elementos de bingos y 66 módulos de apuestas deportivas.
Por otro lado, el presidente de Coljuegos reiteró que el ente regulador está implementando el programa denominado “MET de la paz”, por el cual se busca que los pequeños propietarios de máquinas electrónicas tragamonedas conformen sociedades y obtengan los permisos respectivos para operar juegos de suerte y azar.
“Estamos brindando todas las facilidades a quienes sí quieren estar en la legalidad. En cambio, seguiremos siendo implacables con quienes insistan en operar sin autorización y sin aportar recursos para la salud”, explicó.
Por último, desde Coljuegos recordaron que “las organizaciones de juego ilegal en el territorio colombiano están dejando de pagar al Estado alrededor de COP 1,5 billones anuales por derechos de explotación, recursos que podrían ser destinados para la salud de los ciudadanos de escasos recursos”.