España: La Audiencia Nacional avala el rechazo de una oferta pública de adquisición forzosa solicitada por el Grupo Codere

La Audiencia Nacional de España, tribunal que dirime asuntos vinculados a la Ley Orgánica del Poder Judicial, decidió respaldar la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se negó a obligar a los fondos de inversión mayoritarios del Grupo Codere a lanzar una oferta pública de adquisición (opa) forzosa por el importe de más de EUR 900 millones.

En dos sentencias del 4 de abril, a las que accedió la agencia EFE, la Sala de lo Contencioso rechazó el recurso que los fundadores de Codere, la familia Martínez Sampedro, habían presentado contra una resolución de la CNMV de mayo de 2021.

En ese momento, el grupo operador del sector del juego buscaba que la CNMV obligue a los fondos de inversión que controlaban la compañía antes de la reestructuración a lanzar una opa forzosa de EUR 900 millones, basándose en un informe de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).

Según detalla EFE, “los fundadores de Codere defendían el lanzamiento de una opa a EUR 9,58 por título, lo que supondría repartir unos EUR 900 millones entre todos los accionistas que no formaban parte de lo que ellos denominan una ‘conspiración civil’”.

De acuerdo a los Martínez Sampedro, los artífices de dicha conspiración eran “el fondo Silver Point y algunos consejeros de la compañía”, y su objetivo era “tomar el control de ésta incumpliendo la normativa bursátil española y europea que les obligaba a lanzar una opa multimillonaria”.

En marzo de 2019, la comisión supervisora bursátil admitió a trámite una denuncia en la que los fundadores acusaban a Silver Point, Contrarian y Abrams —cuya participación en Codere supera el 30%— de actuar de forma concertada y “manejar” el consejo de administración de la compañía, al menos, desde enero de 2018.

Ahora, en sus sentencias, la Audiencia Nacional concluyó que dicho procedimiento “es legalmente imposible”, ya que no está contemplado un procedimiento para forzar la presentación de una opa obligatoria en caso de incumplimiento por parte del obligado a formularla.

Además, determinaron que hay una “circunstancia sobrevenida” que hace imposible la tramitación de una opa obligatoria, que es la exclusión de negociación de las acciones de Codere.

Cabe señalar que, en marzo de este año, Codere anunció que se encuentra en “conversaciones avanzadas” con sus principales tenedores de bonos para concretar una recapitalización de unos EUR 1.000 millones de deuda, con la intención de reforzar su estructura de capital e impulsar su crecimiento.

La empresa, en proceso de liquidación, dejó de cotizar en diciembre de 2022 y quedó definitivamente excluida de los mercados bursátiles en mayo de 2023.