La Legislatura de Córdoba ha recibido en total 14 proyectos de ley que apuntan a reformar la ley de juego online de la provincia, aprobada hace más de dos años y medio. Un bloque de legisladores pide hacer modificaciones, como la incorporación de los datos biométricos de los jugadores, en tanto que los opositores más duros piden derogar la legislación. Se prevé que se llegue a una conclusión antes de terminado agosto.
Según informó el medio La Voz, el oficialismo tiene indicaciones del gobernador Martín Llaryora para avanzar en una modificación de la ley 10.793 que fije nuevos requisitos para los apostadores, como la obligatoriedad de dejar asentados sus datos biométricos, pero también instar a los diputados nacionales por Córdoba a que trasladen esta inquietud en el Congreso como una problemática que no sólo alcanza a un distrito provincial.
La base de la reforma pasa por los proyectos de Alejandra Ferrero (UCR), una de las primeras en ingresar una propuesta, y la oficialista María del Rosario Acevedo, que vienen siendo tratados en comisión. No obstante, existen al menos unas 14 iniciativas vinculadas a la ley de juego online que tomaron estado parlamentario.
Por otro lado, el bloque del Frente Cívico, compuesto por siete legisladores, es el que pidió derogar la ley. Los legisladores cuestionaron que la norma consiguió su aprobación en 2021 a partir de un “monopolio político” del oficialismo y en un momento en que la sociedad estaba “aturdida, distraída y limitada en su expresión o posibilidad de peticionar”.
La legisladora Ferrero ha ingresado seis iniciativas en total y su bloque es uno de los que más proyectos lleva presentados con este tema. En abril, 13 legisladores radicales pusieron la firma a una propuesta para que sean modificados dos artículos de la ley con la intención de “ampliar el monto del canon que deben abonar los licenciatarios”, y exigir que ese pago “sea destinado a fines sociales”.
Alejandra Ferrero
Ferrero sumó un proyecto de resolución en el que instó al Ministerio Público Fiscal para que “disponga el bloqueo e impedimento de acceso a diversas páginas web o dominios, así como sus direcciones IP asociadas, que violan la normativa vigente en materia de regulación del juego”. La diputada aseguró que se conocieron más de 300 denuncias en las reuniones en comisión legislativa y mostró un listado de 345 sitios de apuestas virtuales que no están bajo la ley provincial.
Al mismo tiempo, la radical propuso una ley para crear el “Plan de Prevención de la Ludopatía en Línea” en el ámbito educativo de la provincia.
A estas iniciativas, Ferrero agregó un proyecto para la crear el Observatorio del Juego en Línea como organismo autónomo y autárquico, junto con una primera propuesta elevada en febrero para prohibir la publicidad bajo cualquier modalidad de los juegos de azar, aun cuando tengan habilitaciones previas de la Lotería; además de un registro con los datos biométricos del jugador, y más campañas con un canon específico para combatir la ludopatía.
Por su parte, Acevedo, junto con el bloque Hacemos, ingresó en mayo un proyecto para modificar tres artículos de la normativa e incorporar un apartado en el que establece la “creación del Registro de datos Biométricos dentro del Registro de Jugadores” para evitar el acceso a menores. En esta propuesta también se plantea “colaborar con el Estado en la detección y erradicación de los juegos ilegales, destinando por lo menos un 10% del plan publicitario a campañas con mensajes explícitos en contra del juego ilegal”. Otro dato que introduce es prohibir la publicidad de estas apuestas sin la autorización de la Lotería de Córdoba.
La legisladora peronista argumentó que, “a pesar de los evidentes avances en la reglamentación y control del juego en línea en Córdoba, existe todavía espacio en la legislación para mejorar los mecanismos de prevención del juego ilegal en línea y de otras problemáticas vinculadas”.
Acevedo explicó a La Voz que hay voluntad de abordar el tema con otras propuestas. “Vamos a tratar en conjunto todos los proyectos para seguir trabajando y compatibilizando aquellos presentados por los diferentes bloques. La opinión de nuestro bloque es que derogar no es la solución”, afirmó.
En las últimas semanas, el Frente Cívico endureció más su postura y presentó un proyecto en el que planteó la prohibición de las apuestas.
Además, ingresó una propuesta que también fijó la derogación de la ley 10.793 para dar de baja la presentación de las licenciatarias. Este lleva la firma del presidente del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, juntos con otros legisladores radicales, además de integrantes del Frente Cívico.
Piden directamente que se den de baja las cuatro licencias autorizadas para explotar las apuestas virtuales e impedir que se habiliten nuevos juegos online.
Rodrigo Agrelo
El bloque vinculado al exgobernador Luis Juez -actual senador nacional- sumó también por separado otro proyecto para la creación del programa de lucha contra la ludopatía online, junto con el de la derogación de la ley, que tiene las firmas de la radical Graciela Bisotto (monobloque), Hernández Maqueda (Construyendo Futuro) e Ignacio Sala (PRO).
“Nosotros vamos a insistir y esperamos que lo podamos debatir en las comisiones cuanto antes. No podemos ser tibios con este tema, pedimos la derogación”, expresó a La Voz Walter Nostrala, líder del Frente Cívico, quien adelantó que no están dispuestos a votar sólo una modificación de la norma.
En tanto que Rodrigo Agrelo, legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, fue otro de los opositores que desde comienzo de año planteó en un proyecto “prohibir la adjudicación de toda nueva licencia de explotación de juegos de azar” bajo la ley 10.793, junto con la creación de una comisión de expertos para la rescisión de los contratos vigentes.
Además, el legislador agregó en estos meses un proyecto para establecer la prohibición de apuestas a los beneficiarios de planes sociales, y otro que limita a las licenciatarias a tener los datos de los jugadores.
“La adjudicación de las primeras cuatro licencias ha dejado a la Provincia complicada entre dos fuegos: por un lado, proteger a sus ciudadanos de las potenciales patologías adictivas derivadas del juego online; y, por otro, el eventual lucro cesante que, en caso de rescisión contractual, podrían reclamar las adjudicatarias de las licencias”, expresó Agrelo.