Colombia: Buscan simplificar los trámites y solicitudes de los operadores de juegos localizados

Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar de Colombia, anunció que, a partir del 16 de agosto, implementarán una estrategia de revisión previa de la documentación presentada por los operadores de juegos localizados, como requisito para otorgar un número de radicado a cada solicitud. Con esta medida, buscan simplificar los trámites y reducir el tiempo de respuesta.

"Este año, hemos recibido 489 solicitudes por parte de operadores de juegos localizados. Sin embargo, encontramos que más del 50% de esas peticiones fueron radicadas sin la documentación completa, situación que representa un desgaste administrativo para la entidad y afecta directamente los tiempos de respuesta", aseguró el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié.

En esta línea, indicó que, a través de la Resolución 20241200017144 de 2024, ahora todas las solicitudes pasarán por una revisión previa o pre-radicado, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del trámite. El mismo deberá ser ingresado en la web de Coljuegos, en el apartado "Portal del operador". “Si vemos que los operadores presentan documentos completos, idóneos, válidos y legales, procederemos a entregar un radicado. De lo contrario, el trámite será rechazado”, señaló Hincapié.

Luego, una vez aceptada la solicitud, y en caso de no ser requeridas aclaraciones adicionales sobre la petición, la entidad procederá con el trámite dentro de los 15 días hábiles siguientes que establece la norma.

A su vez, el titular de Coljuegos aclaró que, una vez se haya generado el radicado, el operador solicitante no podrá modificar el inventario de elementos de juego. El objetivo es evitar reprocesos ocasionados por la modificación sobre la marcha de las solicitudes.

Finalmente, desde la entidad explicaron que también se rechazarán de manera inmediata solicitudes que realicen operadores que se encuentren en mora, que hayan sido inhabilitados, que se encuentren acusados en un proceso por presunta ilegalidad, que presenten inconsistencias en los certificados de usos del suelo o que no hayan cumplido con los indicadores financieros.