El Ayuntamiento de Figueres busca acelerar las obras de su emblemático casino valuadas en más de EUR 4 millones

El Ayuntamiento de Figueres quiere cerrar un acuerdo antes de terminar el año para terminar las obras del Casino, cuyos trabajos se detuvieron en 2010. El alcalde Jordi Masquef adelantó que el gobierno es optimista y que confían en la “generosidad” de las partes para avanzar

Según informó la Agencia Catalana de Noticias (ACN), los trabajos están valorados en más de EUR cuatro millones y la proyección es realizarlos en dos fases, con el apoyo de otras administraciones como la Diputación de Girona. Masquef prevé que el convenio pueda cerrarse antes de que acabe 2024. “Quizás, incluso, entre los meses de septiembre u octubre. Somos optimistas”, indicó.

El funcionario explicó que el consistorio tiene el compromiso de la Diputación por invertir y espera que el resto de administraciones se impliquen. En esta línea, trabajan para declarar el edificio Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) y el Casino, entidad de utilidad pública.

Jordi Masquef

Las obras de este emblemático edificio, construido en 1904 y catalogado como Bien Cultural de Interés Local (BCIL), empezaron en 2004. Los trabajos, después de múltiples arranques y obstáculos, se detuvieron definitivamente en 2010. Los anteriores gobiernos intentaron encontrar una solución para poder acabar las obras, pero fracasaron.

En 2015, la entidad aprobó la propuesta que hizo el anterior equipo de gobierno liderado por Marta Felip de crear una fundación patrimonial a través de la cual se cedía la propiedad al consistorio para que las administraciones pudieran aportar el dinero para culminar el proyecto. Sin embargo, el acuerdo fue impugnado por algunos socios, aunque, finalmente, el juzgado lo desestimó.

Ahora, el equipo de gobierno liderado por Jordi Masquef espera desatascarlas definitivamente. Llevan más de un año manteniendo reuniones para intentar cerrar un acuerdo que se someta a votación de los socios de la entidad y permita reanudar los trabajos.

La solución pasa por la cesión de la entidad de la propiedad del edificio al Ayuntamiento y éste, por su parte, le otorgue el usufructo del espacio durante 99 años. Esto, junto con la declaración de entidad de utilidad pública, abriría la puerta a poder seguir invirtiendo dinero público en el edificio.