El Consejo para la Transparencia de Chile elaboró un informe de fiscalización de los aportes fiscales de los casinos en dicho país y reveló que los municipios de Mostazal, Viña del Mar y Talcahuano fueron los que más recaudaron por Impuesto Específico al Juego durante 2022.
Según detallaron, la comuna de Mostazal fue la que más recaudó, con un total de CLP 7.929 millones; seguida por Viña del Mar, con una recaudación de CLP 4.777 millones, y Talcahuano, con CLP 3.605 millones. En total, los tres municipios sumaron CLP 16.311 millones, equivalentes a USD 17,5 millones.
Caso contrario, el reporte señaló que los municipios que menos recaudaron fueron Castro, con CLP 354 millones; Ovalle, con CLP 424 millones; y Coyhaique, con CLP 439 millones.
En cuanto al gasto ejecutado, se informó que en 2022 se destinaron efectivamente un total de CLP 15.893 millones, cerca de mil millones más que los invertidos en 2019.
A su vez, indicaron que la inversión en obras públicas fue el rubro que más recursos acaparó, con cerca de CLP 8.000 millones. En segundo lugar se ubicó la habilitación y mantención de áreas verdes; y en tercer y cuarto lugar, el financiamiento de eventos culturales y la seguridad pública, respectivamente.
Respecto las comunas que informaron mayor inversión en 2022, la lista la encabezó Temuco con CLP 2.444 millones; seguido por Antofagasta, con CLP 2.336 millones; Viña del Mar, con CLP 1.988 millones; y Rinconada, con CLP 1.949 millones. Las que menor gasto reportaron fueron Coyhaique, con CLP 166 millones; Punta Arenas, con CLP 176 millones y Talcahuano, con CLP 187 millones.
Por otro lado, los mayores aportes de casinos a gobernaciones regionales en 2022 se concentraron en Valparaíso y O’Higgins, con cerca de CLP 9.000 millones cada uno. Dichos recursos se integran al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y “significan un importante porcentaje de la inversión regional total”.
Al respecto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, expresó: “A partir de los datos obtenidos tras esta fiscalización, se observa que hay fondos provenientes de los impuestos de los casinos utilizados por las municipalidades en transferencia de recursos a otras entidades, contratación de personal a honorarios, celebraciones o conmemoraciones, estudios y asesorías, cobranzas judiciales, entre otros, lo que se escaparía del concepto de obras de desarrollo que deben satisfacer de modo ‘directo e inmediato’ necesidades locales, como lo estipula la ley y ha interpretado la Contraloría General de la República, a través de sus dictámenes”.