Comunicado oficial

Brasil: La ANJL y el IJL defienden la regulación de las apuestas

Plínio Lemos Jorge, presidente de la ANJL, y Magnho José, presidente del IJL
30-09-2024
Tiempo de lectura 2:27 min

La Asociación Nacional de Juegos y Loterías (ANJL) y el Instituto Brasileño de Juego Legal (IJL) han publicado una respuesta al manifiesto publicado por las organizaciones que representan al sector minorista y a la industria, que aborda las preocupaciones sobre el impacto de las apuestas en Brasil.

Las entidades del juego reafirmaron su compromiso con un entorno regulado, seguro y transparente, así como su apertura al diálogo con las autoridades públicas, el Gobierno federal y otros sectores de la economía.

En su respuesta, la ANJL y el IJL subrayaron que los retos a los que se enfrenta el sector de las apuestas de probabilidades fijas, así como otros segmentos de la economía, son un reflejo de la falta de regulación en los últimos cinco años. Esta laguna ha permitido la aparición de numerosas plataformas ilegales en Brasil, lo que ha aumentado los riesgos para los consumidores, cita el documento.

"Estamos de acuerdo en que una regulación adecuada es esencial para proteger a los consumidores y evitar impactos negativos, especialmente para los más vulnerables", afirmaron las organizaciones en el comunicado. Además, destacaron que la regulación debe promover un entorno equilibrado y armonioso entre el sector de las apuestas y otros sectores económicos, como el comercio minorista y el consumo.

Publicidad y crédito: acciones de protección

Un punto en común entre la ANJL, el IJL y las agrupaciones de minoristas es la prohibición de publicitar las apuestas como una forma de inversión. Ambas asociaciones de juego defienden que las campañas de comunicación deben ser transparentes y centrarse en educar al público, posicionando las apuestas como una forma de entretenimiento y no como una fuente de ingresos.

Otro aspecto relevante de la respuesta es el apoyo al adelanto de la prohibición del uso de tarjetas de crédito para apostar, una medida que estaba prevista para 2025, pero que se pidió que se aplicara antes. Las entidades de juego consideran positiva esta iniciativa, reconociendo que puede ayudar a reducir el riesgo de endeudamiento y compulsión, especialmente entre los jóvenes y las poblaciones más vulnerables.

La declaración también señaló que Brasil está en el camino de implementar una regulación robusta y responsable para el sector de las apuestas, con el objetivo de prevenir prácticas abusivas y garantizar el desarrollo sostenible del juego online. Para ello, el ANJL y el IJL se comprometieron a crear campañas de concienciación y herramientas para proteger a los consumidores.

Las asociaciones también repudiaron cualquier forma de publicidad o fomento del juego irresponsable que pueda inducir al endeudamiento o a comportamientos compulsivos.

Por último, la ANJL y el IJL propusieron una reunión con la participación de otras entidades representativas, tanto del mercado de apuestas como del comercio minorista y de servicios, junto con las autoridades públicas, con el objetivo de "abordar las preocupaciones y, en un diálogo, proponer medidas concretas para el éxito de la regulación en el país", concluyó el documento, firmado por el presidente de la ANJL, Plínio Lemos Jorge, y el presidente del IJL, Magnho José.

La declaración completa puede leerse en este enlace.

Los minoristas impugnan la reglamentación de las apuestas

Una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) presentada por la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC) ya está en la mesa del juez Luiz Fux, del Supremo Tribunal Federal (STF). La acción impugna la Ley 14.790/23, que regula las apuestas deportivas online en Brasil.

Presentada el martes 24 de septiembre, la ADI busca que la ley, aprobada en diciembre de 2023 por el Congreso, sea declarada inconstitucional. La reglamentación fue parte de un esfuerzo del gobierno de Lula para organizar el sector, después de la legalización de las apuestas de probabilidades fijas en el país, sancionada por la Ley 13.756/2018 durante el gobierno del expresidente Michel Temer.

 

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