La Generalitat de Cataluña reafirma que eliminará beneficios fiscales para el megaproyecto de Hard Rock

La Generalitat de Cataluña anunció que la próxima ley de presupuestos incluirá la eliminación de los privilegios fiscales que fueron establecidos en 2014 para facilitar el megaproyecto turístico y de juego que la empresa estadounidense Hard Rock busca construir en la provincia de Tarragona.

El anuncio lo dio la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, durante una interpelación ante el pleno del Parlament. La funcionaria recordó que la decisión sobre el Hard Rock forma parte del compromiso asumido en los acuerdos de investidura que hicieron posible la elección de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Según explicó, el acuerdo sellado por el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) con En Comú Podem (Comuns) señala que “el Govern no facilitará proyectos como el macrocasino del Hard Rock y, por este motivo, eliminará la reducción de la fiscalidad del juego prevista en la ley 6/2014”.

“Volvemos a subir el impuesto al juego”, subrayó Romero ante los parlamentarios. “Esto, si todo va bien, lo podremos hacer cuando venga al Parlament la ley de presupuestos y la ley de medidas”, adelantó.

Según la prensa catalana, la eliminación de estas rebajas fiscales para los casinos podría alterar los planes de los impulsores del Hard Rock en el Camp de Tarragona y podría configurar un aliciente para frenar el megaproyecto de juego.

“El proyecto de la multinacional norteamericana, seis años después de haber recibido la licencia para explotar un casino, queda en el aire con esa decisión, una posibilidad que critican los agentes económicos de Tarragona, que ven difuminarse una inversión considera estratégica para la provincia catalana”, advirtió el medio Intereconomía.

De acuerdo a los últimos planes presentados, el proyecto Hard Rock contempla la construcción de varios hoteles, un casino, espacios para entretenimiento y espectáculos, así como una avenida comercial con tiendas, y abarcaría los municipios de Salou y Vila-seca (provincia de Tarragona). El proyecto contaba con una inversión inicial de unos EUR 700 millones que podría alcanzar los EUR 2.000 millones.