La Junta de Castilla y León garantizó el "diálogo permanente" con los distintos actores de la industria

Durante la inauguración del XVII Congreso de Juego de Castilla y León, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, aseguró que existe "un diálogo permanente" con la industria para garantizar la seguridad jurídica y el juego responsable.

“Este congreso nació como una experiencia pionera de organización pública de un evento de esta naturaleza en toda España, centrada en el debate teórico y nunca como una feria de naturaleza expositiva”, comentó González Gago.

El funcionario agregó que la Junta de Castilla y León le da importancia crucial a dicha regulación, y agregó que debe tener en cuenta la posición de todos los actores implicados: no sólo de las empresas privadas, sino también de los consumidores y usuarios, de las asociaciones de jugadores rehabilitados, y de los responsables públicos de áreas relacionadas con la salud pública, los servicios sociales, la educación o los tributos.

En ese sentido, aclaró que todas las iniciativas normativas y de gestión son consensuadas y negociadas.

González Gago también afirmó que “la política del Gobierno de Castilla y León sobre el juego y las apuestas siempre ha tenido dos claros objetivos: hacer una política de juego responsable para los consumidores y usuarios, y ofrecer seguridad jurídica al sector empresarial, haciendo que conozcan con certeza las exigencias que la Administración les va a imponer en su actividad, otorgándoles estabilidad y futuro”.

Actualmente, la comunidad de Castilla y León cuenta con más de 450 empresas dedicadas al sector del juego, brindando más de 2.000 empleos y aportando anualmente una cifra cercana a los 61,2 millones de euros a las arcas públicas.

En marzo pasado, fue aprobada en la Comunidad la legislación que modifica la Ley de 1998 reguladora del juego y las apuestas. A partir de este nuevo marco normativo, se han implantado una serie de novedades que facilitan el funcionamiento de los establecimientos, como por ejemplo la fijación de un nuevo régimen de distancias mínimas entre estos establecimientos de 300 metros, y la ampliación de la distancia de estos establecimientos a centros de enseñanza, que ha pasado de 100 a 150 metros.