INVESTIGARÁN A IMPLICADOS

Coljuegos trasladó a la Fiscalía más de 360 casos por presunta operación de apuestas ilegales

Marco Emilio Hincapié
15-11-2024
Tiempo de lectura 1:27 min

Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de suerte y azar de Colombia, realizó el traslado de 366 procesos a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue a personas naturales y jurídicas que habrían incurrido en el delito de operar juegos de suerte y azar sin autorización, por lo cual habrían dejado de transferir millonarios recursos para el sistema de salud. 

Así lo informó el presidente de la entidad, Marco Emilio Hincapié, quien aseguró que entre las denuncias presentadas se encuentran 312 procesos que estaban paralizados en la entidad desde hace más de 3 años. "Nosotros decidimos desarchivar y trasladar estos casos, con el objetivo de que los responsables de desfalcar al sistema de salud le rindan cuentas a la justicia", señaló.

Según detallaron, existen casos relacionados con actividades ilícitas como la operación no autorizada de máquinas electrónicas tragamonedas, módulos de apuestas por internet y otros juegos que no pagan los respectivos derechos de explotación y gastos de administración.

"A diferencia de las administraciones pasadas, podemos decir que nosotros sí hemos dado traslado inmediato ante la Fiscalía de los 57 procesos que hemos abierto durante el último año. Esto con el propósito de dar celeridad a las investigaciones y judicializar a quienes defraudan la salud", agregó Hincapié.

A través de las denuncias se abrirán investigaciones penales que permitirán garantizar los derechos que le asisten a Coljuegos, dado que la entidad se constituye como víctima de las estructuras criminales que se financian a través de las apuestas ilegales.

En Colombia, operar juegos de suerte y azar sin autorización es un delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal, relacionado con el ejercicio ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico.

De acuerdo a Coljuegos, los responsables podrían incurrir en otros delitos como el lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, así como la posibilidad de afrontar un proceso por extinción de dominio de los bienes inmuebles que hayan sido utilizados para la operación de juegos ilegales.

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