El abogado Carlos Baeza, representante en Chile de las marcas Betsson, Betano, Coolbet, Latamwin y BetWarrior, se manifestó nuevamente sobre la discusión parlamentaria en torno al marco regulatorio del iGaming en dicho país y remarcó la importancia corregir aspectos del proyecto de ley, como el fiscal.
En entrevista con Yogonet, el abogado se refirió también a los comentarios de la presidenta de la presidenta ejecutiva de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ), Cecilia Valdés, y destacó que la actual propuesta de regulación online permitirá la participación del sector presencial.
En entrevista con Yogonet, Cecilia Valdés afirmó que es urgente que el Parlamento trabaje en la regulación del sector online. ¿Cuál es su postura sobre dicha discusión?
Compartimos la urgencia de avanzar en la regulación del juego en línea, entendiendo que es una oportunidad clave para proteger a los usuarios y generar una máxima recaudación fiscal. Sin embargo, creemos que la regulación debe estar alineada con los estándares internacionales.
Creemos que el proyecto actual tiene disposiciones que deben revisarse y pueden mejorarse, como es el caso de los artículos transitorios que establecen un bloqueo anticompetitivo y un castigo a los actuales operadores, sin ningún sustento. Más allá de las razones legales y técnicas que impiden que este bloqueo y este castigo se conviertan finalmente en ley, hoy el mercado se encuentra canalizado en casi un 70%. No tiene ningún sentido atacar a operadores que aseguran un porcentaje muy importante de canalización y que aportarán al fisco de Chile a partir del primer día de regulación.
Además, es esencial revisar la carga tributaria. El proyecto establece una carga de 37,6%, la que supera ampliamente el promedio internacional de 22% y la carga recomendada por prestigiosos informes a nivel mundial, de entre un 15 y un 20%. La experiencia internacional demuestra que la carga tributaria es inversamente proporcional a la tasa de canalización. Es decir, a mayor carga tributaria menor canalización y, por ese motivo, menos usuarios protegidos y menor recaudación fiscal. Corregir estos aspectos del proyecto de ley es lo verdaderamente urgente para asegurar una regulación exitosa.
¿Han tomado contacto con representantes de los casinos para abordar una regulación online que sea provechosa para ambas industrias?
Coincidimos con los casinos presenciales en la importancia de revisar la elevada carga tributaria que contiene el proyecto. Sin embargo, algunos representantes de los casinos presenciales aún sostienen la interpretación, equivocada, de la Superintendencia de Casinos respecto de que el juego en línea sería ilegal; a pesar de que la misma entidad ha expresado no tener ninguna facultad sobre este nuevo mercado.
A la luz de los antecedentes disponibles hoy, la opinión del Ministerio Público y el desarrollo de la industria del juego online en el país, esta discusión parece cada vez menos relevante, más aún cuando la regulación propuesta permite que los casinos presenciales participen de forma competitiva.
¿Cómo afecta el freno de la discusión parlamentaria a la operación online en Chile?
Las plataformas de apuestas en línea operan todos los días, lo que demuestra que este es un mercado permitido pero aún no regulado. Sin embargo, la falta de regulación genera no sólo externalidades negativas para los usuarios, sino también el país hoy no recibe aportes de la industria. Es urgente avanzar en la regulación y consideramos fundamental que el Congreso se tome el tiempo necesario para revisar y corregir algunos aspectos fundamentales del proyecto de manera que cuando la iniciativa se transforme en ley, proteja a los usuarios y aporte a la recaudación fiscal de Chile.
¿Cómo calificaría el momento actual del sector online en Chile, teniendo en cuenta que la Justicia ha limitado la publicidad mediante fallos?
El momento es de expectación en cuanto a los avances del proceso regulatorio. Respecto de la publicidad y por tratarse de un mercado no regulado en el cual no hay normas especiales, la industria debe someterse a las reglas generales. Dentro de éstas se encuentra la facultad del Consejo Nacional de Televisión para determinar, en televisión abierta y en televisión pagada, aquellos contenidos de publicidad directa que deben estar fuera del horario de protección de menores. Estas mismas disposiciones se encuentran, además, recogidas en el proyecto, razón por la cual este criterio del Consejo Nacional de Televisión que se ha manifestado hace algunos meses y que ha sido ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago, es parte de las reglas que la industria deberá seguir.