México se debate entre la prohibición y la necesidad de una nueva ley

En una nueva entrega de su análisis sobre la actualidad política que atraviesa el sector del juego en México, los abogados Alfredo Lazcano y Andrea Avedillo, de la firma Lazcano Sámano S.C., ponen la lupa en la oportunidad del nuevo Gobierno de dar solución a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a la necesidad de una nueva reglamentación de la Industria. 

Parte 4: Nuevo gobierno, ¿viejas promesas?

Escribimos esta cuarta parte de la serie del título con la plena conciencia de que debimos haber realizado esta entrega meses antes; pero lo cierto es que hace tiempo que, en realidad, no había sobre qué escribir. Y no había sobre qué escribir porque, como lo dijimos en la Parte 3 de la presente serie, genuinamente estábamos a la espera de una nueva ley.

Tristemente, se dejó incumplida la promesa vertida en el sexenio del expresidente López Obrador, consistente en que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) impulsaría una reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos (Ley) y su Reglamento, acorde al “avance tecnológico y los cambios sociales” (palabras textuales del Programa Sectorial de Gobernación 2020-2024).

Como saben nuestros lectores, en México tenemos, por primera vez en nuestra historia, una mujer presidenta: Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque esto es sin duda un importante hito para los mexicanos desde el punto de vista de la igualdad género; lo cierto es que, para el sector de los juegos y sorteos del país, la promesa de una nueva ley acorde con la realidad social y tecnológica del juego en México –y a punto de finalizar el año 2024–, parecía haberse ido a la… historia.

No obstante, sorpresiva e inesperadamente, a finales de noviembre de este año, el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, declaró públicamente que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, o la nueva secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estarían enviando al Congreso Federal en las próximas semanas, una iniciativa de nueva ley de juegos y sorteos con el fin de “combatir la corrupción en esta materia y evitar la extorsión”.

Unos cuantos días más tarde, la presidenta Sheinbaum pareció contradecir la declaración del legislador Monreal, al manifestar que “no, en este momento no hay una ley nueva”, pero que la titular de la SEGOB se encuentra trabajando para erradicar cualquier dejo de corrupción, “está hablando con quienes son dueños de los casinos para, si hay alguna corrupción… que se informe de inmediato”, reconociendo también que la Ley “data de hace mucho tiempo, pero no tenemos todavía una propuesta”.

Las declaraciones, tanto de la nueva mandataria mexicana, como en su momento del diputado, habrían reanimado un poco las ilusiones de aquellos que estamos convencidos de que nuestro país requiere una nueva legislación, pero, también hay que decirlo, al mismo tiempo reiteraron el recalcitrado escepticismo de otros –particularmente de los observadores internacionales.

Desafortunadamente, la falta de un marco normativo actual y acorde a las mejores prácticas de la industria, da rienda suelta a la discrecionalidad y a la corrupción, dificulta la implementación de procesos transparentes y eficaces, y genera inseguridad jurídica y pérdidas para esta actividad empresarial de la que dependen cientos de miles de empleos y miles de millones de pesos en impuestos.

Existen problemáticas muy puntuales que deben y pueden resolverse pronto, como por ejemplo, salvaguardar la legal importación de máquinas de juego, cuya operación solamente está permitida en México dentro de los establecimientos de juegos y sorteos debidamente autorizados por la SEGOB, así como garantizar el libre acceso a la base de datos que aparece en el Sitio Web de la Dirección General de Juegos y Sorteos, el cual no siempre está disponible (porque utiliza versiones de software antiguas), ni actualizado (está incompleta la información sobre autorizaciones a los permisionarios y sus establecimientos).

Esperemos que la entrante titular de SEGOB, la secretaria Rodríguez, por conducto de la también nueva Directora General de Juegos y Sorteos, María de Lourdes Ramírez García, pueda impulsar desde su encargo, una mayor atención a los problemas que aquejan al sector legal de juegos. Un sector reconocido como una fuerza económica tan innegable que el mismo gobierno prospecta un crecimiento recaudatorio para 2025 de aproximadamente 8% en comparación con los 3,421.6 millones de pesos que se establecieron en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2024 – contribución que difícilmente podrá ser mantenida, si no se fomentan las condiciones regulatorias necesarias para seguir participando en la producción económica de la nación.