El partido político Candidatura de Unidad Popular (CUP) expresó que el Govern catalán podría frenar el megaproyecto de la empresa estadounidense Hard Rock en la provincia de Tarragona sin tener que pagar una millonaria indemnización, tal como se había informado a inicios de enero.
Así lo afirmó Laia Estrada, líder de CUP en el Parlament catalán, donde la agrupación de izquierda cuenta con cuatro de 135 escaños. En una rueda de prensa, la diputada acusó al Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), que encabeza el Gobierno de la comunidad autónoma, de “mentir” sobre una eventual indemnización.
Cabe señalar que, según reveló el diario El País, un informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat elaborado durante la gestión de Pere Aragonès advertía sobre el pago de una indemnización de hasta EUR 50 millones en caso Hard Rock reclame compensaciones ante la imposibilidad de llevar adelante el megaproyecto.
A partir de ello, Estrada manifestó que “se puede parar el Plan Director Urbanístico (PDU) o aprobar otro que impida la construcción del Hard Rock sin que haya consecuencias económicas para la administración pública”.
En esa línea, la diputada afirmó que el megaproyecto —que incluye un casino, hoteles, zona de compras y espacios de ocio— es una “aberración ambiental”.
De acuerdo al informe presentado, se analizan posibles reclamaciones por “daño emergente”, referido a pérdidas que los inversores sufren por la acción directa de la Administración; y por “lucro cesante”, por beneficios que se dejarían de obtener en caso el proyecto no prospere. Esta, sin embargo, es más improbable.
Terrenos para el megaproyecto de Hard Rock
De todas formas, desde la CUP estimaron que no se generaría ninguna indemnización si la Generalitat acaba apartándose de la operación de intermediación. En todo caso, si se aprueba un PDU en unos términos que imposibiliten la implantación del casino, se debería devolver a Hard Rock la fianza de EUR 10 millones que depositaron los promotores.
Asimismo, los promotores podrían recuperar EUR 2,5 millones de un segundo depósito que hicieron al Institut Català del Sòl (Incasòl) por el contrato que suscribieron para la opción de compra de los terrenos donde se construiría el casino.
En este contexto, Estrada anunció que pedirán la comparecencia de miembros del actual Govern y del anterior Ejecutivo, encabezado por Esquerra Republicana de Catalunya, cuando se encargó el documento en cuestión.
Solicitarán que comparezca la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, para que explique por qué no han retirado aún la licencia de casino; y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, para consultarle sobre la posible retirada o modificación del PDU.
Además, convocarán a Natàlia Mas, exconsellera de Economía y Hacienda, cuyo departamento encargó el informe; al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès; y a Ester Capella, exconsellera de Territorio.