El martes 11 de febrero se llevó adelante la primera jornada de EGR Power Latam Summit, que en su edición 2025 tuvo como sede el Hilton Hotel Buenos Aires, Argentina. Participaron ejecutivos de alto nivel de algunos de los operadores online más importantes de Latinoamérica, así como autoridades de entes reguladores y expertos de la industria. Durante el primer día, el foco estuvo puesto en el marco regulatorio en Latam y en las estrategias para combatir el flagelo de las apuestas en menores.
Luego de un discurso de apertura a cargo de Tomás García Botta (MF Estudio Abogados), comenzó el primer panel titulado “El cambiante panorama de Latam: resumen regulatorio y consejos fiscales en los mercados de América Latina”, con Carlos Alberto Fonseca Sarmiento (CEO de Gaming Law SAC), Juan Camilo Carrasco (socio de Asensi Abogados) y George Didier (director regional para Latam de GLI), moderado por Cristina Fernández (Estudio Olachea).
Tomás García Botta
Durante su intervención, Carrasco se refirió a la situación compleja que vive Colombia debido a la intención del presidente Gustavo Petro de implementar el IVA al juego online para enfrentar la conmoción en Catatumbo. En esta línea, comentó que hay “una mala lectura del mercado online” por parte del gobierno y recordó que este sector ha funcionado bien durante los últimos 10 años, con un ente regulador autónomo.
Por su parte, Fonseca habló sobre el Impuesto Selectivo al Consumo a las apuestas online, que el Ministerio de Economía estableció “solo con el fin de recaudar”. También coincidió en que el ente regulador debería informarse y “escuchar más”, y advirtió que muchas veces se abusa del término ludopatía para violar libertades. A su vez, detalló que el Mincetur ha otorgado 64 licencias de juego online hasta el momento.
En tanto, Didier aportó información sobre las actualizaciones regulatorias críticas para las empresas y los operadores en todas las diferentes jurisdicciones de Latinoamérica, que son la base para el éxito de cualquier operación.
Otro panel destacado de la primera jornada fue el de “Protección de los jugadores: ¿Cuál es la hoja de ruta para combatir el juego de menores?”. Los oradores fueron Ida López (presidente de ALEA y del IPJyC de Mendoza), Jesús Acevedo (presidente de LOTBA), Leandro Rivas (gerente general de BetWarrior) y Rodrigo Bustamante (director de Relaciones Institucionales en Latam, Codere Online). El moderador fue Tomás García Botta.
En su presentación, López resaltó que “la mejor forma de luchar contra el juego ilegal es regulando”. A su vez, detalló que ya son 21 (de 24) las provincias que han regulado el juego online y destacó el trabajo en conjunto con los reguladores de cada jurisdicción
En cuanto al proyecto de ley aprobado en Diputados en noviembre de 2024, aseguró que el mismo no ofrece las herramientas necesarias, a nivel nacional, para combatir las plataformas ilegales. “Faltan herramientas administrativas para agilizar el proceso de denuncia, para que la justicia y la sentencia lleguen más rápido”, expresó y abogó por una normativa que permita sancionar la promoción del juego ilegal en todo el país.
Acevedo, por su lado, subrayó la importancia de diferenciar el juego legal del ilegal, e “instalar el tema en la sociedad”. En esta línea, indicó que la mejor forma de combatir la ludopatía es concientizar con información.
Al igual que la titular de ALEA, señaló que el foco normativo del proyecto de ley debería estar en ofrecer herramientas “más agiles para combatir el juego ilegal”, en lugar de “adjudicarse cuestiones que son propias de las jurisdicciones”.
Asimismo, celebró la creación de la fiscalía especializada contra la ludopatía infantil, que ha permitido dar de bajar más de 1.500 plataformas.
En su intervención, Rivas citó una encuesta de Similarweb, que reveló que “el 70% del juego online pasa por sitios ilegales”. Por lo que destacó la necesidad de brindar información para “distinguir quién es en realidad el enemigo”.
También afirmó que uno de los desafíos para los próximos meses es “redoblar esfuerzos” para explicarle a los medios, al Congreso y a la sociedad que castigar a los operadores legales con mayores limitaciones “no es la solución”.
Finalmente, Bustamante coincidió en que generar restricciones va en contra del objetivo que se persigue. Además, mencionó los pasos tomados hasta el momento por Codere para garantizar que no jueguen menores.